En una sesión extraordinaria, quince representantes del Poder Ejecutivo —encabezados por el premier Ernesto Álvarez— llegaron este lunes al Congreso para sustentar el pedido de facultades legislativas por 60 días, una solicitud que apunta a reorganizar la lucha contra la criminalidad, acelerar reformas institucionales y aplicar medidas económicas y de seguridad.
La sesión inició con advertencias, aclaraciones y tensiones, especialmente por una propuesta que crea un nuevo delito que podría alcanzar a periodistas y sus fuentes.
La Comisión de Constitución definirá este viernes 28 de noviembre la suerte de las facultades legislativas. Tras la sustentación del gabinete liderado por Ernesto Álvarez Miranda, el grupo de trabajo presidido por Arturo Alegría debatirá si otorga al Ejecutivo las herramientas legales solicitadas para enfrentar la ola de criminalidad y dinamizar la economía. Se espera un debate intenso sobre los alcances del Proyecto de Ley 13280/2025-PE.
Un paquete de facultades marcado por la urgencia y la polémica
La presentación se realizó ante la Comisión de Constitución, convocada de manera extraordinaria. En total, catorce ministros de Estado acompañan al presidente del Consejo de Ministros para exponer los alcances del proyecto de ley que delega facultades en materia de seguridad ciudadana, criminalidad organizada, economía responsable y fortalecimiento institucional.
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, fue el primero en intervenir. Su exposición se centró en la propuesta para incorporar el delito de filtración de información en el Código Penal, una figura que —según explicó— busca sancionar a fiscales, jueces y policías que revelen datos reservados de investigaciones.
“Esto permitirá asegurar que los funcionarios que transgredan la norma sean separados de manera definitiva de su cargo”, señaló. Tiburcio insistió en que la medida apunta a proteger la reserva de información, evitar impunidad y garantizar que los denunciantes no queden expuestos por filtraciones difundidas, incluso, en medios de comunicación.
Migración y seguridad: cambios en la Ley del Refugiado
Tras el titular del Mininter, tomó la palabra el canciller Hugo de Zela, quien sustentó los cambios propuestos en materia migratoria. Explicó que el proyecto busca fortalecer las atribuciones de la Cancillería en la Ley del Refugiado, en especial aquellas vinculadas con la seguridad interna.
Entre las medidas anunciadas figuran:
- La exigencia de que todo solicitante de refugio entregue información biométrica a Migraciones, sin importar si su permanencia en el país es regular o irregular.
- La aceleración de los procedimientos de decisión y archivamiento de expedientes.
- La implementación de mecanismos para que Migraciones y la Policía Nacional accedan en tiempo real a la información de solicitantes de refugio.
El canciller insistió en que se trata de herramientas urgentes para cerrar brechas que hoy dificultan identificar riesgos vinculados a redes criminales.
23 medidas y un plazo de 60 días
El pedido de facultades legislativas fue presentado formalmente por el presidente José Jerí, quien busca que el Ejecutivo pueda emitir normas con rango de ley por un periodo de 60 días calendario.
El paquete incluye 23 propuestas, entre ellas:
- La creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos (SEEDC).
- La implementación de la Brigada Canina de Seguridad Penitenciaria del INPE.
- Medidas para promover una economía responsable sin romper el principio de responsabilidad fiscal.
- Reformas institucionales para fortalecer la gestión pública.
Todo deberá ejecutarse con el presupuesto institucional vigente, sin generar nuevos gastos públicos.
“El INPE va a desaparecer”
El contexto del debate se intensificó luego de que José Jerí, en una entrevista con Beto Ortiz, anunciara una reforma radical del sistema penitenciario. El presidente reconoció que el INPE se encuentra capturado por mafias internas y que, como parte de su plan de reestructuración, la institución será desactivada.
“Ese concepto que se tenía del INPE se va a extinguir. Vamos a iniciar el proceso de cambio a raíz de las facultades solicitadas al Congreso”, afirmó Jerí.
El mandatario dijo que el tiempo es corto, pero el objetivo es dejar encaminada una transformación de fondo que devuelva el control del sistema penitenciario al Estado.
Periodistas en alerta: propuesta sobre filtración de información genera rechazo
La iniciativa del Ejecutivo incluye la creación del delito de revelación de información reservada en investigaciones fiscales y policiales. Diversos gremios periodísticos, especialmente la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), han advertido que esta figura no solo alcanzaría a funcionarios, sino también a periodistas y sus fuentes.
Según la ANP, el proyecto:
- Criminaliza la difusión de información de interés público,
- Abre la puerta a la censura previa,
- Y afecta el secreto profesional del periodismo.
La organización señaló que la norma carece de sustento que demuestre que las filtraciones perjudican la lucha contra la criminalidad y advirtió que podría limitar investigaciones periodísticas clave en casos de corrupción y crimen organizado.
“El proyecto constituye un retroceso y un mecanismo de persecución a fuentes reservadas”, expresó el gremio en un comunicado difundido por X.
La Comisión de Constitución continuará escuchando a los ministros antes de emitir su dictamen. Luego, será el Pleno del Congreso el que decida si el Ejecutivo recibe o no la delegación de facultades.