El Proyecto de Ley N° 4514/2022 propone modificar los criterios de edad para el ingreso a educación inicial y primaria en el Perú. La iniciativa plantea extender el plazo de matrícula hasta el 31 de mayo para aquellos niños que no cumplan la edad requerida hasta el 31 de marzo, condicionando esta excepción a la presentación de una evaluación psicopedagógica. Si bien la propuesta se presenta como una medida de flexibilidad administrativa, un análisis riguroso desde el principio del interés superior del niño revela implicaciones que ameritan consideración cuidadosa.
La primera objeción sustantiva a esta iniciativa radica en la condición impuesta: la evaluación psicopedagógica como requisito de acceso. Esta exigencia genera desigualdades sistémicas inmediatas, pues no todas las familias peruanas disponen de recursos económicos para costear tales evaluaciones. Más aún, en zonas rurales y comunidades en situación de vulnerabilidad, el acceso a especialistas debidamente cualificados es prácticamente inexistente. En consecuencia, lo que debiera ser un derecho universal se convierte en un privilegio condicionado por la capacidad económica y la ubicación geográfica, contraviniendo así el mandato constitucional de equidad educativa.
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Vinculado al problema anterior, surge una preocupación de orden pedagógico: la instrumentalización de la evaluación como mecanismo de selección. Al transformar un proceso que debiera ser formativo en un filtro administrativo, se establece una categorización prematura entre niños considerados “aptos” y “no aptos”. Esta clasificación temprana, frecuentemente basada en criterios subjetivos y una perspectiva adultocéntrica, puede lesionar la autoestima infantil y condicionar negativamente la autopercepción del menor desde sus primeros años de vida. Resulta imperativo recordar que la evaluación educativa debe constituir una herramienta de acompañamiento y desarrollo, no un instrumento de exclusión.
La evidencia científica contemporánea sobre neurodesarrollo es inequívoca y no debe ser desestimada en la formulación de políticas públicas. Durante la primera infancia existen ventanas críticas de oportunidad en las cuales las experiencias tempranas configuran la arquitectura cerebral. Adelantar la escolarización sin considerar la madurez biológica y emocional del niño interrumpe procesos de desarrollo que siguen una secuencia natural. Aunque desde la perspectiva adulta la diferencia de algunos meses pueda parecer insignificante, en la primera infancia este período representa hitos madurativos de considerable relevancia. El aprendizaje significativo en estas etapas no se optimiza mediante la aceleración de contenidos formales, sino a través de experiencias de juego de calidad, interacción social genuina y la provisión de seguridad afectiva.
Estrechamente relacionado con lo anterior se encuentra el impacto en el desarrollo socioemocional. Exigir a los niños el cumplimiento de expectativas académicas cuando carecen de la madurez necesaria deriva frecuentemente en manifestaciones de ansiedad escolar temprana y sentimientos de incompetencia. Estos factores anulan progresivamente la curiosidad natural y la motivación intrínseca por aprender, elementos fundamentales para una trayectoria educativa exitosa. Desde la psicología humanista y las corrientes pedagógicas centradas en el estudiante, se ha demostrado que el entorno de aceptación incondicional constituye la base para el despliegue del potencial individual. Por el contrario, someter a los menores a exigencias prematuras motivadas por cortes cronológicos arbitrarios o presiones sociales representa una forma de violencia simbólica que puede comprometer su desarrollo integral.
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Las políticas educativas deben promover entornos inclusivos que reconozcan y respeten la diversidad de ritmos en el desarrollo infantil, no mecanismos que fuercen la homogeneización. Legislar sobre la infancia exige una responsabilidad ética particular; comprender que las normativas deben adaptarse a las necesidades y características evolutivas de los niños, no a la inversa. Priorizar la simplificación administrativa o ceder ante demandas sociales de “optimización del tiempo” vulnera el mandato constitucional de protección integral de la niñez. Respetar genuinamente la infancia implica salvaguardar su presente como condición indispensable para no comprometer su futuro desarrollo. Es responsabilidad de la ciudadanía y sus representantes exigir que las leyes se construyan desde un compromiso genuino con la garantía de condiciones que respeten la dignidad y los tiempos propios de cada niñez.
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