La expresidenta Dina Boluarte acudió al Poder Judicial para dejar sin efecto la vacancia presidencial aprobada por el Congreso el pasado 10 de octubre, decisión que marcó el fin de su mandato y el inicio del gobierno de José Jerí. Su defensa presentó una acción de amparo ante la 1.ª Sala Constitucional de Lima, registrada el 21 de noviembre, con el expediente N.° 02360-2025, a la cual Infobae Perú tuvo acceso.
El recurso —de 92 páginas— solicita que se declare nula la Resolución del Congreso 001-2025-2026-CR y que todo el procedimiento de vacancia se retrotraiga al oficio previo a la sesión en la que se aprobó su destitución. Boluarte sostiene que el Parlamento vulneró su derecho al debido proceso, la defensa, la tutela jurisdiccional y su honor.
Alega un proceso exprés sin posibilidad de defensa
En su demanda, Boluarte afirma que el Congreso tramitó y aprobó cuatro mociones de vacancia en una sola sesión, acumuladas y sin debate individual. Asegura que la notificación se emitió con apenas una hora de anticipación, lo que le impidió preparar argumentos, presentar documentos o intervenir con su abogado.
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Según el documento, la sesión fue convocada “de madrugada”, sin permitirle ejercer su defensa de manera efectiva, y se le atribuyó la calificación de “incapacidad moral permanente” sin un procedimiento contradictorio. Esto, afirma, constituye una vulneración grave a sus derechos fundamentales.
Su abogado, Joseph Campos, sostuvo a Infobae Perú que el objetivo es retirar una etiqueta que considera injustificada:
“Imputar a una persona una inconducta debe permitir la defensa. Aquí no se nos permitió. Por eso buscamos retirar esa calificación.”
El día de la vacancia: una caída en tiempo récord
La noche del viernes 10 de octubre fue decisiva para el futuro político de Dina Boluarte. En una sesión marcada por la tensión, el Congreso aprobó su vacancia con 121 votos a favor, sin registrar votos en contra ni abstenciones. Fue una decisión unánime que puso fin al gobierno de la sexta presidenta que ha tenido el país en menos de diez años.
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Horas antes, el Parlamento había admitido cinco mociones de vacancia, impulsadas por diversas bancadas y respaldadas por más de 34 congresistas. Entre los argumentos centrales figuraban las investigaciones por corrupción —como el caso Rolexgate— y la percepción ciudadana de un Ejecutivo incapaz de responder a la crisis de inseguridad ciudadana.
El apoyo provino de prácticamente todo el espectro político: Renovación Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Acción Popular, Podemos Perú y Somos Perú. Varias de estas bancadas habían respaldado previamente a Boluarte.
Pide un precedente: que futuras vacancias respeten garantías
Además de solicitar la nulidad de su vacancia, la demanda exige que el Poder Judicial establezca un criterio vinculante: toda vacancia presidencial debe respetar el debido proceso, aun cuando se trate de un procedimiento político en sede parlamentaria. El recurso también invoca estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos y precedentes del Tribunal Constitucional que reconocen que el control judicial es legítimo cuando se afectan derechos fundamentales.
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Sin inmunidad y con siete investigaciones fiscales activas
Tras su salida del cargo, Boluarte quedó sin inmunidad presidencial. El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, informó que las investigaciones —que estaban suspendidas— retomarán su curso. También adelantó que la Fiscalía evalúa solicitar una orden de impedimento de salida del país.
Investigaciones por hechos durante su presidencia
- Muertes en protestas (2022–2023): Indagación por su presunta responsabilidad en 49 fallecidos.
- Rolexgate: Cohecho pasivo impropio por relojes y joyas que habría recibido del gobernador Wilfredo Oscorima.
- Cirugías estéticas y abandono de cargo: Intervenciones realizadas sin notificación al Congreso.
- Desbalance patrimonial: Incremento no justificado superior a medio millón de soles.
- Caso “El Cofre”: Uso de un vehículo presidencial para trasladar al prófugo Vladimir Cerrón.
- Acuerdo con Patricia Benavides: Presunto pacto para mantener a Raúl Alfaro como comandante de la Policía.
- Desactivación del equipo policial del Efficcop: Posible encubrimiento y abuso de autoridad.
Investigaciones previas a su llegada a Palacio
- Los Dinámicos del Centro: Posible financiamiento irregular de la campaña 2021.
- Qali Warma: Favorecimiento a proveedores de alimentos en mal estado.
- Contrataciones irregulares en el MIDIS: Presunta colusión en el nombramiento de Víctor Torres Merino.
En conjunto, estas carpetas fiscales configuran un escenario judicial complejo que Boluarte deberá enfrentar sin el amparo de la inmunidad presidencial.