La aprobación de un dictamen en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso peruano ha generado reacciones inmediatas en la industria cultural. El proyecto, impulsado por Katy Ugarte, busca que los asistentes a conciertos puedan ingresar alimentos y bebidas a los recintos. El sector empresarial advirtió que esta medida puede afectar el modelo de financiamiento de los eventos musicales y generar un alza en el costo de las entradas.
Impacto en los costos de la industria del espectáculo
Walter Dolorier, presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, explicó que la venta de alimentos y bebidas constituye una fuente relevante de ingresos para los organizadores de conciertos. Advirtió a 24 Horas Noticias: “Automáticamente sube un treinta por ciento, treinta y cinco por ciento las entradas”. Según sus declaraciones, esos recursos permiten cubrir pagos al personal, proveedores, artistas y servicios vinculados a la logística.
El dirigente reiteró que la rentabilidad de los conciertos depende de ingresos colaterales y citó como ejemplo el alquiler de los locales: “Un local de moda no te baja de sesenta mil soles por un fin de semana”, detalló al medio televisivo. La eliminación de restricciones para el ingreso de comida y bebida, consideró, forzaría a los empresarios a trasladar esos costos a los espectadores mediante un aumento en el precio de las entradas.
Dolorier anunció que, ante el avance de la propuesta legal, los empresarios recurrirán a un equipo de abogados constitucionalistas con el fin de detener la eventual aprobación de la norma. Desde la asociación calificaron el dictamen como opuesto a los intereses del negocio de conciertos en el país.
“Norma populista” y debate político
La presidenta del sector Cultura y Espectáculos de la Cámara de Comercio de Lima, Doris Espinoza, cuestionó las motivaciones detrás de la iniciativa presentada por la congresista Ugarte. Sostuvo que la propuesta busca generar simpatía política en un contexto preelectoral: “Es una norma populista, porque si no nos hubiéramos sentado en una mesa de diálogo para proponer alternativas de solución”, afirmó Espinoza a 24 Horas Noticias.
Espinoza destacó que el sector cultural y de espectáculos congrega un alto volumen de público, lo que convierte a este tipo de medidas en ejes de impacto popular durante las campañas políticas. “Ya va a la reelección y a estas alturas, pues, empieza a buscar qué normas tienen impacto popular”, sostuvo la dirigente gremial. En su opinión, el Congreso debió convocar a una discusión técnica con los actores involucrados antes de avanzar con el dictamen.
Próximos pasos en el Congreso de la República
Para convertirse en ley, el proyecto aún requiere ser evaluado, debatido y votado en el pleno del Congreso de la República. Empresarios del sector han reiterado su rechazo formal y mantienen la expectativa sobre el desenlace del proceso legislativo. Mientras tanto, la discusión continúa generando tensiones entre los promotores de la norma y los representantes de la industria cultural, que anticipan consecuencias económicas directas para organizadores y asistentes a espectáculos musicales.