La reciente decisión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República de aprobar la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2027 generó pronunciamientos diversos entre legisladores, gremios empresariales y representantes del sector minero artesanal. La propuesta fue aprobada por mayoría con 17 votos a favor, tres en contra y una abstención, pese a las advertencias desde el lado empresarial y la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
Uno de los primeros en pronunciarse fue el congresista Wilson Quispe, quien defendió la prórroga como un paso necesario para brindar continuidad a un sector que “paga impuestos y genera empleo”. Según Quispe, “hay cientos y miles de mineros que están en procesos de formalización”, y la extensión solo aplica a quienes ya se encuentran tramitando su incorporación.
En diálogo con Canal N, resaltó que “estos mineros llevan más de doce años en ese trámite” y que no puede permitirse “que todo siga en un dilema permanente”. El legislador hizo un llamado al diálogo para alcanzar soluciones concretas y ratificó que no se está ampliando la minería ilegal, sino solo el periodo para formalizar a quienes ya figuran en el Reinfo.
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Paul Gutiérrez, expresidente de la Comisión de Energía y Minas, rechazó que esta medida fomente la informalidad. Sostuvo al medio mencionado que “el tema de los pequeños mineros y mineros artesanales está estrechamente vinculado con el papel del Estado”, aludiendo a la responsabilidad estatal en los lentos avances de formalización.
“Esta ampliación fue aprobada porque el plazo termina en diciembre y no había otra salida”, indicó y consideró fundamental la elaboración de un censo minero para precisar cuántos están activos bajo el sistema y en qué condiciones trabajan. Enfatizó, además, la necesidad de aprobar una Ley MAPE para avanzar hacia una solución definitiva, ya que la ampliación del Reinfo es solo un remedio temporal.
Por parte de las organizaciones mineras, el presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), Máximo Franco Becquer, sostuvo que el problema de fondo es la falta de una ley que regule la pequeña minería y la minería artesanal. “Ampliar el proceso de formalización evita que treinta y un mil mineros caigan en la ilegalidad simplemente porque el Congreso no ha aprobado la Ley MAPE”, dijo Franco en diálogo con Canal N.
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Explicó que la gran mayoría trabaja en terrenos ajenos y carece de un título sobre la tierra, lo que impide completar el proceso de formalización bajo la normativa actual, por lo que el Congreso y el Ejecutivo “tienen el reto de aprobar una legislación específica”.
Añadió que la prórroga incluye medidas como el “sinceramiento de la información” y la futura realización del censo minero, mecanismos que, en su opinión, podrían allanar el camino a una política estatal adecuada para el sector.
La mirada empresarial contrastó en forma categórica. El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, criticó la prórroga y la reincorporación de mineros excluidos, al considerar que “la formalización ha sido mínima y los problemas de explotación laboral y violencia persisten en la minería informal”.
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Alertó que, salvo cambios estructurales, la situación volvería a repetirse al acercarse la nueva fecha límite, ya que “siempre, a última hora, se pide una nueva extensión por falta de adecuación”. Manifestó que la minería informal y la ilegal comparten problemáticas difíciles de distinguir y aseguró que el Reinfo, al tener “mínimos requisitos”, facilita el ingreso de operadores a zonas protegidas de la Amazonía, lo que representa un riesgo grave para el país.
En el sector técnico, el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi se mostró preocupado por la extensión. Consideró que la medida “representa un canal para el blanqueo de dinero de economías ilegales como el narcotráfico y la extorsión”.
Herrera advirtió que el 97 % de los mineros actualmente inscritos laboran en terrenos de terceros y dependen de una reforma legal para formalizarse. A su criterio, la prórroga constituye una admisión tácita del avance de la informalidad y una contracción de la opción formal en el país, afectando la recaudación fiscal y el cumplimiento de normas ambientales.
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En tanto, la congresista Elizabeth Medina matizó que, si bien la ampliación ofrece un margen a los mineros en proceso, no soluciona la problemática de fondo y reiteró la urgencia de discutir una Ley MAPE. Medina atribuyó la inacción a la ausencia de consensos parlamentarios y resaltó la necesidad de políticas a largo plazo para la pequeña minería y la minería artesanal.