El pretendido intento de la expremier Betssy Chávez de huir de la justicia peruana al solicitar asilo político de México no detendrá su juzgamiento por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Así lo determinó la Sala Penal Especial de la Corte Suprema el último martes.
Los jueces supremos rechazaron declararla reo contumaz y ordenar su inmediata ubicación y captura. Ello también implicaba que el juzgamiento en su contra por rebelión se suspenda indefinidamente y no pueda dictarse sentencia contra ella, a menos que sea una absolutoria.
“Innecesariamente se pasaría a una incertidumbre cuya temporalidad es incalculable, perjudicando los fines de la justicia”, dijeron en su decisión. Los magistrados indicaron que Betssy Chávez sabe perfectamente que se encuentra en un juicio oral: estuvo en la instalación del mismo, participó activamente e incluso ejerció su propia defensa.
Por ello, dispusieron que a partir de la fecha, Chávez sea representada por su defensa legal o, si renuncian, por la defensa pública con la posibilidad de sancionar a los abogados por abandonar el juicio oral en la recta final. Así lo decidieron al rechazar la renuncia de Luis Barranzuela.
“Teniendo en cuenta además que durante las 76 sesiones que hasta la fecha se han producido, ellos han realizado una defensa conjunta ininterrumpida y conocen todo lo actuado en la presente causa. No es de recibo pretender abandonar el juicio ad portas de su culminación con los alegatos finales, bajo apercibimiento que no cumpla con la defensa técnica, se nombrará un defensor público y se dictarán las medidas disciplinarias las que dé lugar”, indicó el tribunal.
Así, será en la sentencia de la Sala Penal Especial donde se determinará si Betssy Chávez es culpable del delito de rebelión y, por lo tanto, si se le impone 25 años de prisión como exige la Fiscalía. El asilo no detendrá la emisión del fallo.
¿Y la inhabilitación?
En paralelo al juicio oral en el Poder Judicial, en el Congreso está pendiente el debate y la votación del informe final que recomienda inhabilitar por 10 años a Betssy Chávez por su participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.
Este informe final ya fue aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente. Para que la sanción de inhabilitación surta efectos debe ser finalmente aprobado por el Pleno del Congreso.
Justamente, la presidenta de la Subcomisión, la apepista Lady Camones, informó que requirió al presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, que se priorice la denuncia constitucional contra Betssy Chávez tras obtener asilo político por parte de México.
“La presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha solicitado al presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, que priorice agendar en el próximo Pleno, la acusación constitucional de la DC 351 por la gravedad y urgencia de la materia para la defensa de la institucionalidad democrática”, se lee en un comunicado del grupo de trabajo.
El asilo no detendrá el trámite de la denuncia constitucional. Cuando se agende en el pleno, se invitará a Chávez para que haga su defensa a través de ella misma o de su abogado. En caso de no presentarse a pesar de haber sido notificada, se considerará como injustificada su inasistencia y se procederá a votar el informe final.
De esta manera, Chávez no podrá huir de una eventual condena penal y una inhabilitación política por su participación en el golpe de Estado de Pedro Castillo.