El presidente José Jerí descartó la imposición de un toque de queda en Lima y Callao, pese a que varios ministros reconocieron que la opción continúa bajo evaluación para intentar luchar contra la delincuencia; una diferencia que se hizo evidente luego de una publicación del mandatario en su cuenta oficial de X
En el mensaje difundido en sus redes sociales, Jerí aseguró que “no se está contemplando aplicar el toque de queda”. Argumentó que la decisión está basada en análisis diarios de la situación y en recomendaciones sobre el diseño del estado de emergencia. Además, anunció que el gobierno presentará un reporte oficial de los avances tras la aprobación de mejoras previstas.
Contrario a la postura presidencial, miembros del gabinete han admitido públicamente la posibilidad de aplicar nuevas restricciones, entre ellas el toque de queda. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, indicó que esta medida “está en evaluación dentro del Consejo de Ministros” y subrayó que el gobierno se mantiene en sesión permanente; la decisión, precisó, dependerá de los análisis del equipo ministerial. “Seguimos evaluando todo este proceso del estado de emergencia”, explicó el ministro del Interior, según Infobae Perú y RPP.
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Por su lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, resaltó que el Ejecutivo revisa de forma continua la efectividad de las medidas adoptadas y que se harán los ajustes necesarios cuando la coyuntura lo demande. “La decisión está en constante revisión y se harán en el momento que se requiera, los ajustes necesarios”, afirmó De Zela, citado por RPP.
Debate entre alcaldes: posturas encontradas
La posible aplicación de un toque de queda también ha dividido a los alcaldes de Lima y Callao. El alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez, se manifestó a favor de declarar un toque de queda pues “tenemos que sacrificarnos todos”.
Sin embargo, el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, rechazó la necesidad de un toque de queda y propuso replicar el modelo de módulos de seguridad estratégica implementado en su distrito. “No necesitamos toque de queda si sabemos cómo actuar. Esto es una guerra y aquí tenemos nuestro campamento de guerra”, sostuvo mientras destacó su sistema de monitoreo y coordinación con la Fiscalía.
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Incluso el alcalde de Surco, Carlos Bruce, se mostró contrario a una inmovilización social generalizada, al considerar que una restricción total agravaría la situación y tendría un impacto negativo en actividades comerciales y sectores donde la medida no es necesaria. Sin embargo, admitió que podría evaluarse una aplicación focalizada en ciertos distritos.
Por su parte, el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, propuso un “toque de queda focalizado” en sectores vulnerables de su distrito. Señaló que en Los Olivos la mitad de los delitos se cometen utilizando motocicletas lineales, por lo que restringir el tránsito desde la medianoche podría implementarse sin afectar a todo el distrito ni interrumpir el comercio, aseguró.
Transportistas: preocupación y rechazo
El rechazo ante la posible aplicación de un toque de queda también se extiende entre los transportistas urbanos de Lima y Callao. Según RPP, empresas de transporte difundieron un comunicado en el que manifestaron su “profunda preocupación” por la posible aplicación de la medida, sosteniendo que “solo afecta a quienes trabajan honestamente”.
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Los transportistas argumentaron que el crimen no se detiene por horarios y que el toque de queda no impediría la acción de bandas delictivas. Solicitaron al gobierno priorizar acciones de inteligencia, operativos policiales, desarticulación de organizaciones criminales, así como reforzar el control de motocicletas con dos ocupantes mayores y desplegar una presencia policial sostenida en los distritos más violentos.
Pidieron, además, que el presidente Jerí informe de manera clara y frecuente sobre avances en seguridad, especialmente respecto a la captura de delincuentes y neutralización de organizaciones criminales. Las empresas de transporte confirmaron su disposición al diálogo, pero también su compromiso de defender el derecho de los trabajadores y usuarios a movilizarse con seguridad.