El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció la habilitación de pabellones de máxima seguridad que alojarán a más de 400 internos de extrema peligrosidad.
Esta medida responde al actual estado de emergencia destinado a frenar la criminalidad y las extorsiones que afectan a diversos puntos del país, según reveló Iván Paredes, jefe nacional del INPE, en recientes declaraciones.
Los nuevos módulos se ubicarán en los penales de Challapalca (región Tacna) y Cochamarca (región Pasco), con capacidad estimada para al menos 100 reclusos en cada establecimiento.
Además, el penal Ancón I (ubicado en Lima) ya cuenta con un pabellón acondicionado para 168 internos, a donde se trasladaron recientemente 45 presos considerados de alto riesgo.
En palabras del titular penitenciario, estos pabellones funcionarán bajo un régimen de aislamiento más estricto y con restricciones inusuales, como la supresión de tomacorrientes y cualquier fuente de suministro eléctrico en las celdas. “Se busca impedir toda comunicación externa y manipulación de dispositivos”, subrayó el funcionario en conversación con medios nacionales.
El proceso de traslado de reclusos hacia estos recintos se realiza por etapas, y se prevé que en los próximos días nuevos grupos sean reubicados en las instalaciones reforzadas. Las autoridades penales advirtieron que el criterio para seleccionar a los internos se centra en el nivel de riesgo y su historial criminal.
Control, requisas y tecnología
Junto con la reorganización de espacios para internos peligrosos, el INPE intensificó las requisas inopinadas en penales estratégicos del país.
En el penal de Lurigancho —la cárcel con mayor población penitenciaria, con casi 10,000 internos— las primeras intervenciones permitieron incautar artículos prohibidos como televisores, teléfonos móviles, perfumes, bebidas alcohólicas y objetos cortopunzantes.
Según el reporte oficial, no se hallaron privilegios para ningún recluso, una consigna que se repitió en otros operativos desarrollados en Castro Castro y Ancón I.
Sobre el motivo de estas intervenciones, Paredes anunció que existen indicios firmes sobre órdenes de extorsión y cobro de cupos articuladas desde los mismos penales.
Bajo esta premisa, se intensifican los esfuerzos en Ancón I y Challapalca para aislar a presuntos líderes de organizaciones delictivas, quienes serán alojados en pabellones de máxima vigilancia.
A la par, el INPE planea reforzar el control interno en la institución. La aplicación obligatoria del polígrafo o detector de mentiras para todo el personal penitenciario constituye uno de los anuncios más relevantes.
“El decreto supremo exige el control mediante polígrafo”, afirmó Iván Paredes, quien detalló que cualquier agente penitenciario que incurra en actos de corrupción, como facilitar el ingreso de drogas o dispositivos, será removido de manera inmediata.
El bloqueo tecnológico también busca abordar el hacinamiento penitenciario. El INPE proyecta la ampliación y modernización de establecimientos en Pucallpa y Arequipa, mientras avanza la licitación para un megapenal en Ica.
Además, se inaugurará un edificio exclusivo para sentenciados en régimen de semilibertad, lo que permitirá diversificar el tratamiento según los perfiles de las personas procesadas.
Por último, se anunció la adquisición de 1,500 grilletes electrónicos durante el próximo año, con el propósito de mejorar el control y la vigilancia externa, una medida que comienza a implementarse en Lima y otras regiones del país. De acuerdo con el INPE, hasta la fecha solo funcionan 70 dispositivos electrónicos, de los cuales 60 se encuentran activos.