El primer día bajo estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao dejó el hallazgo de materiales prohibidos en los principales centros penitenciarios de la región, luego de operativos simultáneos supervisados desde tempranas horas por el presidente de la República, José Jerí.
Con el objetivo de bloquear la organización de delitos desde las cárceles y reforzar la seguridad ciudadana, las inspecciones se llevaron a cabo en los establecimientos de Lurigancho y Ancón I.
El despliegue comenzó a las 4:30 de la mañana y reunió a 100 servidores penitenciarios y agentes del Grupo de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), junto con miembros de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público.
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En la revisión dentro del penal de Lurigancho, las autoridades hallaron manuscritos con números telefónicos, varios objetos punzocortantes, dos memorias USB y cuatro tarjetas micro SD, además de otros artículos prohibidos en estos establecimientos. Se trató de incautaciones consideradas clave para cortar la comunicación y coordinación de actividades delictivas fuera de la prisión.
Mientras tanto, en Ancón I, la intervención permitió encontrar siete celulares, accesorios, audífonos y sustancias ilícitas. El volumen de dispositivos electrónicos y drogas incautadas revela la persistencia de mecanismos para vulnerar los controles internos, pese a los refuerzos de seguridad implementados en semanas recientes.
Las recientes intervenciones forman parte del paquete de medidas adoptado tras la declaración de emergencia, que introdujo restricciones como la reducción del acceso de familiares y allegados a los internos, apagón eléctrico en las celdas —manteniendo solo la iluminación de seguridad—, desmontaje de antenas ilegales en las inmediaciones de los penales y apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de vigilancia.
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El ministro Martínez explicó que la limitación establecida permite únicamente dos ingresos permitidos cada quince días para quienes se encuentran bajo régimen ordinario y solo uno en el caso del régimen cerrado especial.
Entre los lineamientos vigentes destaca la prohibición de cargar artefactos y dispositivos eléctricos, junto con un barrido integral de antenas en establecimientos de Lima Metropolitana y Callao para impedir las comunicaciones ilícitas. El INPE anunció la continuidad de estas acciones preventivas en los distintos centros penitenciarios del país, con el objetivo declarado de evitar que las cárceles continúen funcionando como núcleos de planificación criminal.
Estado de emergencia: ¿Qué otras medidas se aplican?
La declaratoria de estado de emergencia implica la restricción de ciertos derechos ciudadanos en zonas designadas. Durante este periodo, la Policía Nacional está facultada para detener personas sin necesidad de orden judicial si existen sospechas fundadas de que se comete un delito.
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También, puede ingresar a viviendas o locales sin autorización de un juez. Los encuentros en espacios públicos requieren permiso previo y el desplazamiento de personas puede ser limitado en determinadas áreas o durante horarios específicos.
El mantenimiento del orden continúa bajo responsabilidad de la Policía Nacional, pero ahora en coordinación con las Fuerzas Armadas. Ambas instituciones pueden realizar patrullajes conjuntos en calles, estaciones de transporte, paraderos y otros lugares identificados como de riesgo.
Las autoridades tienen la potestad de intervenir vehículos y solicitar documentos de identidad a cualquier ciudadano. Además, pueden ingresar a domicilios, ejecutar operativos de captura y decomisar armas, drogas o explosivos en casos justificados.
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Entre las disposiciones adoptadas se encuentra la prohibición de que dos adultos viajen juntos en una motocicleta lineal. También, se intensificarán los controles dirigidos a extranjeros en situación migratoria irregular, así como operativos para desarticular mercados ilegales dedicados a la compraventa de celulares, drogas, armas o autopartes.