El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció la próxima adquisición de 2,500 grilletes electrónicos con el objetivo de reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios del país.
De acuerdo con el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, esta iniciativa forma parte de una estrategia integral que busca aplicar alternativas al encierro para internos con delitos leves, apoyándose en el servicio de vigilancia electrónica personal (SVP) como solución tecnológica eficaz.
Actualmente, más de 103.000 personas se encuentran privadas de libertad en todo el sistema penitenciario peruano, cifra que supera ampliamente la capacidad instalada y representa una tasa de sobrepoblación del 127 %, según datos reportados por el propio INPE.
El déficit de espacios alcanza a más de 61.300 internos por encima del aforo previsto para los centros de reclusión, multiplicando los desafíos en materia de condiciones de vida, seguridad y gestión institucional.
En este contexto, la adquisición de los grilletes electrónicos se presenta como una alternativa a la prisión preventiva en casos de menor gravedad, permitiendo un seguimiento electrónico preciso y permanente sobre la ubicación de los beneficiarios.
Actualmente, el sistema SVP dispone de solo 80 dispositivos, de los cuales 67 están activos y 13 se mantienen disponibles. Esta cifra resulta insuficiente frente a la demanda del sistema judicial, en un escenario donde el hacinamiento penal constituye un reto estructural.
Expansión del monitoreo y alcance nacional
La implementación de la vigilancia electrónica mediante grilletes funciona sobre la base de un software especializado, que monitorea en tiempo real el radio de acción y desplazamiento de cada persona, con referencia fija al domicilio autorizado por el Poder Judicial.
Por el momento, esta tecnología opera únicamente en Lima, bajo la supervisión de un centro de control del INPE y con soporte de la empresa proveedora del servicio. Sin embargo, el plan actual contempla la extensión del SVP a nivel nacional.
Según destacó Iván Paredes Yataco, la modernización del sistema penitenciario también incluye la presentación de un proyecto de ley que facilite la expansión y optimización del alcance de la vigilancia electrónica, además de la modificación del Decreto Legislativo N.º 1322.
Esta norma, en vigencia desde años atrás, prioriza el acceso al SVP para internos con condiciones particulares: personas acreditadas con enfermedades graves, mujeres gestantes, internos con discapacidad física, madres o padres a cargo de menores o familiares dependientes.
El INPE pone especial énfasis en el cumplimiento de las prioridades establecidas por ley, esperando que la dotación de 2,500 nuevos grilletes electrónicos permita liberar espacio en los penales para quienes deben estar bajo estricta custodia. Paralelamente, se prevé una reducción sostenida en los costos de albergue y operatividad, lo que impactaría directamente en la carga financiera del sistema penitenciario peruano.
Las coordinaciones entre el INPE y el Poder Judicial, encabezadas por su presidenta Janet Tello Giraldi, se enfocan en fortalecer la gestión penitenciaria y mejorar las condiciones de los internos, facilitando la aplicación efectiva del SVP. El avance de esta iniciativa podría marcar un cambio relevante para el sistema de justicia penal desde una perspectiva de reinserción y respeto a los derechos humanos.