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PPK denuncia que la Fiscalía busca su muerte: “A Alan García lo aniquilaron ellos, quieren hacer lo mismo conmigo”

El expresidente, acusado de presunto lavado de dinero por sobornos de Odebrecht, denunció una persecución política por parte del Ministerio Público, rechazó las imputaciones en su contra y comparó su situación con la de Alan García

Pedro Pablo Kuczynski enfrenta un juicio por presunto lavado de dinero relacionado con sobornos de Odebrecht disfrazados como consultorías durante su gestión como ministro

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), incurso en un juicio por presunto lavado de dinero al supuestamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, denunció este domingo una persecución política dirigida por el Ministerio Público.

En entrevista con el diario Perú21, el exmandatario, de 86 años, afirmó que la Fiscalía busca llevarlo a la muerte al solicitar una condena de 35 años de prisión, situación que comparó con la del expresidente Alan García.

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“A Alan García lo aniquilaron ellos. Y quieren hacer lo mismo conmigo”, expresó, en alusión al exjefe de Estado, quien se suicidó el 17 de abril de 2019 cuando iba a ser detenido por sus presuntos vínculos con el caso Odebrecht.

Según Kuczynski, la Fiscalía ha exagerado los cargos en su contra: “Dicen que hay 2,500 acusaciones. No hay ninguna. Han agarrado sus propios memorándums. Hacen su campaña de relaciones públicas exagerando su acusación. No he recibido ningún centavo”, afirmó.

El expresidente denuncia una persecución política y compara su caso con el de Alan García, quien se suicidó antes de ser detenido por el mismo caso

Sostuvo también que existe una intención clara de eliminarlo: “(Esa es) la política de la Fiscalía. Yo me resisto. Siempre he trabajado patrióticamente y he regresado al Perú para trabajar. Siempre he cumplido mi función sin un centavo de corrupción”, agregó.

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El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó la semana pasada el inicio del juicio oral tras concluir la investigación iniciada en diciembre de 2017. Kuczynski permanece con impedimento de salida del país y pasó tres años bajo arresto domiciliario en su vivienda en Lima, lejos de su esposa, la exprimera dama Nancy Lange.

La investigación comenzó cuando se reveló que PPK habría recibido sobornos mediante supuestas consultorías brindadas a Odebrecht por la empresa Westfield Capital, que compartía con su socio, el chileno Gerardo Sepúlveda. Estas operaciones ocurrieron mientras Kuczynski se desempeñaba como ministro en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), condenado por haber recibido sobornos de la firma brasileña.

La Fiscalía ha solicitado 35 años de prisión tanto para Kuczynski como para Sepúlveda, así como una reparación civil cercana a los 46,7 millones de dólares. En caso de ser condenado, PPK podría evitar la cárcel debido a su avanzada edad.

En otro momento de la entrevista, el exmandatario señaló que preferiría no ser recordado: “Que sigan con las ideas que siempre hemos tenido. El centro. Es decir, una buena política económica que promueva el crecimiento y el empleo. Y una buena política social que mejore los colegios, le dé agua potable a la gente y arregle los hospitales del Estado”, manifestó.

La Fiscalía solicitó 35 años de prisión para Kuczynski y una reparación civil cercana a 46,7 millones de dólares, basándose en investigaciones que comenzaron en 2017

Además, indicó que el país requiere dos reformas urgentes: “Primero, parar esta ola criminal. Eso es lo más importante. No es tan difícil, pero hay que tener un Ministerio del Interior más organizado. Y lo segundo, es abrir el caño para que la iniciativa privada prospere aquí”.

Acusación

El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez sostiene que Kuczynski, en su etapa como ministro y primer ministro (2002-2006), lideró una presunta organización criminal que habría recibido más de 12 millones de dólares de Odebrecht mediante empresas encubiertas en proyectos de infraestructura e irrigación.

También es investigado por los presuntos delitos de asociación ilícita, falsa declaración y fraude procesal, tras detectarse inconsistencias en los aportes económicos a su campaña de 2016, ya que cinco ciudadanos negaron haber contribuido, a pesar de que sus nombres figuran en las declaraciones de la organización política.

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