El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, viajará por cinco días a Ginebra, Suiza, para participar en un evento de las Naciones Unidas, pese al impedimento de salida del país que pesa en su contra. La autorización fue posible gracias a un permiso especial otorgado por el Poder Judicial.
El juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela, quien reemplaza a Juan Carlos Checkley, decidió suspender temporalmente la medida restrictiva por un periodo de cinco días, del 6 al 11 de septiembre, fechas en las que se desarrollará el evento en Suiza.
De acuerdo con una cuenta en X atribuida a Santiváñez, el Poder Judicial habría adoptado esta decisión el viernes 5 de septiembre en horas de la tarde.
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Un día después, la presidenta Dina Boluarte, a través de la Resolución Suprema N.° 190-2025-PCM, oficializó la autorización para que el ministro viaje y participe en el 60.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Mientras Santiváñez este fuera del país, el ministro de Salud, César Vásquez, será quien se quede a cargo del Ministerio de Justicia.
Cabe destacar que la resolución no hace referencia a la situación legal del ministro, sino que sustenta la autorización en la necesidad de su presencia en el foro internacional, considerado de “interés nacional e institucional”. Durante el evento, Santiváñez sostendrá reuniones bilaterales con autoridades de Naciones Unidas; sin embargo, en el país, su presencia en el cargo continúa generando críticas y cuestionamientos.
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El documento precisa, además, que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cubrirá un gasto total de US$ 6,681.54, de los cuales US$ 3,981.54 corresponden a pasajes aéreos y US$ 2,700 a viáticos por los cinco días de permanencia en el exterior.
Cuestionamientos a Juan José Santiváñez
Mientras el titular de la cartera de Justicia se prepara para participar en un foro internacional junto a otros funcionarios, en el Congreso de la República parlamentarios de diversas bancadas impulsan una moción para que acuda al Pleno e informe sobre los criterios y fundamentos que respaldaron su designación en el cargo.
La iniciativa busca que el ministro explique los méritos y argumentos que se tomaron en cuenta para su nombramiento y detalle las acciones realizadas al frente del Ministerio de Justicia.
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La moción surge en medio de cuestionamientos a su trayectoria profesional, las investigaciones que enfrenta y las circunstancias que rodearon su nombramiento por parte del Poder Ejecutivo. Como se recuerda, Santiváñez fue censurado cuando se desempeñaba como ministro del Interior y, posteriormente, designado en un cargo de confianza en el Despacho Presidencial, desde donde sostenía reuniones con altos funcionarios.
A ello se suma el impedimento de salida del país que le impuso el Poder Judicial, a solicitud de la Fiscalía, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias. Según la acusación, Santiváñez habría solicitado un soborno de 20.000 dólares destinado a magistrados del Tribunal Constitucional para favorecer a uno de sus defendidos, Miguel Marcelo Salirrosas, cuando ejercía como abogado particular.
Además, días antes de asumir la dirección del Ministerio de Justicia, salió a la luz una nueva carpeta fiscal que lo señala como presunto líder de una organización criminal.
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