Polémica ha causado la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que vuelve intocable a la presidenta Dina Boluarte en lo que resta de su mandato. Los magistrados por mayoría dispusieron suspender las investigaciones de la Fiscalía de la Nación contra la mandataria y prohibir al Poder Judicial dictar medidas en su contra. Todo ello hasta que deje el cargo el 28 de julio de 2026 o antes si es que es vacada por el Congreso.
La abogada Beatriz Ramírez cuestionó la decisión: "Lo que habría que preguntarnos es si (...) retroceder al criterio que teníamos años atrás", donde toda investigación contra un presidente en funciones se paralizaba, “nos conviene más como población cuando tenemos serios cuestionamientos a quienes ejercen nuestra Presidencia”.
“¿Acaso no hubiera sido mejor que la presidenta se defienda a título individual en vez de que lleve esa causa al TC, pretendiendo con eso defenderse ella personalmente y tapar la posibilidad de que se hagan diligencias cuando hay cuestionamientos serios de corrupción en el ejercicio del cargo presidencial? Esto es finalmente lo que está en juego. Son finalmente posiciones y lo que está en juego es si podemos ir hacia adelante o hacia atrás", declaró a Canal N.
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Defienden cuestionado fallo
El expresidente del TC, Ernesto Álvarez, saludó el fallo porque “no cabe que un presidente de la República sea objeto de una investigación preparatoria para enjuiciarlos”.
“Esto ha sido recogido en el TC para que no se pierdan los medios probatorios, los indicios, pero al mismo tiempo no se mancille la honorabilidad del cargo. No de la persona, del cargo del jefe de Estado”, dijo Álvarez a Canal N.
Y agregó: “Hemos encontrado una luz, una interpretación correcta de la Constitución que puede ser válida para PPK, Vizcarra, Castillo, López Aliaga y todos aquellos que puedan aspirar a Palacio. Es sentido común: No puede prohibirse la investigación preliminar, porque se pierden los hechos e indicios, pero tampoco se puede arrastrar al jefe de Estado a una suerte de investigación preparatoria en la cual se denigre su condición”.
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A su turno, el constitucionalista Natale Amprimo también se mostró conforme con la cuestionada sentencia del Tribunal Constitucional. Destacó que se permita a Fiscalía tomar la declaración del presidente en funciones y “realizar algunas diligencias que no alteren la dignidad del cargo”.
Amprimo también defiende a Boluarte y criticó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presentar una serie de denuncias constitucionales contra la mandataria.
“El Tribunal ha hecho bien y fija una posición correcta porque existe la protección del artículo 117. El Tribunal ha fijado positivamente que eso no implica que no se puedan llevar a cabo diligencias preliminares”, dijo.
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Dina blindada
La sentencia del TC suspende las investigaciones contra Dina Boluarte y prohíbe al Poder Judicial dictar medidas, como allanamientos, en su contra.
Según el fallo, la Fiscalía podra continuar las investigaciones preliminares cuando Boluarte deje el cargo. Luego, deberá presentar la denuncia constitucional ante el Congreso para que se levante el antejuicio y pueda ser procesada penalmente.
Con la investigación preparatoria formalizada, la Fiscalía y el Poder Judicial asumen la competencia plena del proceso penal.
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