La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y congresistas pertenecientes a las bancadas de Acción Popular y Perú Libre. La medida fue anunciada este 25 de julio por el Ministerio Público a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.
A Castillo se le acusa de los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Según el comunicado oficial, el exmandatario habría liderado una red delictiva desde el Ejecutivo, articulada con congresistas y ministros para direccionar contratos públicos a cambio de votos en el Congreso.
Implicados de Acción Popular y Perú Libre
Entre los parlamentarios señalados se encuentran 14 congresistas de Acción Popular vinculados al caso “Los Niños”: Darwin Espinoza, Jorge Flores, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Ilich López, Wilson Soto, Silvia Monteza, José Arriola, Pedro Martínez, Luis Aragón, Hilda Portero, Carlos Zeballos y Karol Paredes.
También han sido denunciados 11 congresistas de la bancada de Perú Libre y del Bloque Magisterial: Germán Tacuri, Pasión Dávila, Francis Paredes, Oscar Zea, Katy Ugarte, Paul Gutiérrez, Segundo Quiróz, Nicardo Tello y Américo Gonza, todos señalados por presunta organización criminal y tráfico de influencias.
Exministros y otros funcionarios
Además de los congresistas, la denuncia alcanza a los exministros Juan Francisco Silva (Transportes), Jorge Luis Prado (Producción) y Betssy Chávez (Trabajo), por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada y negociación incompatible.
El Ministerio Público sostiene que esta presunta red criminal habría operado en varios sectores del Estado, incluyendo los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Producción, y entidades como la Policía Nacional, la Superintendencia de Migraciones y la Empresa Nacional de Puertos.
Denunciado postula a la Mesa Directiva del Congreso
A pesar de estar actualmente denunciado por la Fiscalía como parte del caso “Los Niños”, Ilich López, congresista de Acción Popular, figura como candidato a la Mesa Directiva del Congreso en la fórmula presentada por Somos Perú. La lista, oficialmente registrada, lo ubica como postulante a la tercera vicepresidencia, junto a José Jerí (Somos Perú) como presidente, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) a la primera vicepresidencia y Waldemar Cerrón (Perú Libre) a la segunda
Este hecho ha generado controversia dentro del partido de la lampa, cuyos órganos internos criticaron su participación en una plancha multipartidaria pese a las denuncias fiscales en su contra. López enfrenta una investigación por presunta integración a una organización criminal que habría operado desde el Ejecutivo para intercambiar votos por favores en diversas instituciones públicas durante el gobierno de Pedro Castillo
Pedro Castillo desobedece a jueza
Durante una audiencia realizada el último jueves 24 de julio en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, el expresidente Pedro Castillo volvió a mostrar su rechazo al proceso judicial que enfrenta por el fallido golpe de Estado de 2022. A pesar de las indicaciones de la jueza suprema Norma Carbajal, el exmandatario insistió en pronunciarse más allá de los hechos imputados, interrumpiendo el desarrollo de la sesión.
“Buenos días, soy el presidente de la República secuestrado y una vez más vengo a rechazar lo que decía el fiscal, que había entregado armas a la población y que el señor Castillo quería intervenir el sistema de justicia”, afirmó.
La jueza Carbajal intentó reconducir el curso del proceso, recordándole que sus intervenciones debían limitarse estrictamente al objeto de la acusación. “Usted tiene todo el derecho de declarar sobre los hechos objeto de imputación, y si lo comunica al tribunal inmediatamente, se le habilita esta posibilidad, ya que el derecho le asiste”, puntualizó la magistrada, quien además le solicitó en varias ocasiones que guardara silencio para mantener el orden en la audiencia.
Pese a las advertencias, Pedro Castillo persistió en su postura y reiteró su visión del juicio como una represalia política. “Rechazo ese juicio que es más político que jurídico”, expresó.
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