El próximo viernes 11 de julio, el Poder Judicial evaluará la solicitud para variar la prisión preventiva del expresentador de televisión Andrés Hurtado, implicado en una red de tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos.
Su abogado Elio Riera, quien lo defiende legalmente, confirmó este jueves que la audiencia ya fue programada y que en ella se definirá si su patrocinado continúa en prisión o accede a una medida menos severa, como comparecencia con restricciones.
El letrado fue citado al programa que conduce la periodista Milagros Leiva para comentar la declaración de un colaborador eficaz sobre presuntos pagos mensuales con dinero del presupuesto de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) con el fin de mejorar la imagen de la institución.
La declaración también atribuye al exjefe de la DINI, José Fernández Latorre, influencia en la designación de personal policial, así como la entrega de fondos públicos a medios de comunicación y figuras públicas.
“Tengo conocimiento que Fernández Latorre influía para la designación de policías y realizaba pagos a algunos medios de comunicación y personajes públicos, como es Andrés Hurtado ‘Chibolín’, para una campaña orientada a limpiar la imagen de la DINI”, afirmó el colaborador.
Riera, sin embargo, rechazó la veracidad de los hechos señalados. “De ninguna manera (le pagaron a mi patrocinado), y tenemos la oportunidad de solicitar que se presente para que lo corrobore”, dijo de manera escueta.
Hurtado permanece recluido preventivamente desde inicios de octubre de 2024, en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción vinculados al empresario Javier Miu Lei, la suspendida fiscal superiorElizabeth Peralta—también encarcelada— y el empresario Iván Siucho.
El expresentador enfrenta investigaciones simultáneas por dos despachos del Ministerio Público. Una fiscalía investiga su posible implicación en lavado de activos, mientras que la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria se concentra en sus presuntas operaciones junto a la magistrada, quien podría haber solicitado un millón de dólares para devolver un cargamento de oro incautado a Miu Lei en 2020.
Días antes de Navidad, el Poder Judicial dictó una segunda prisión preventiva de nueve meses en su contra debido a su presunta intervención en la gestión de un trámite a favor del futbolista Roberto Siucho, realizado en 2019 a través de Roxana del Águila, exjefa de Migraciones.
Cargos
La Procuraduría General del Estado (PGE), por su parte, ha solicitado una reparación civil de 6 millones de soles, la misma que debería ser pagada de manera solidaria por Hurtado, Miu Lei, Siucho y Peralta.
Peralta permanece con un mandato de 18 meses en el penal de Chorrillos, mientras que el empresario y Siucho enfrentan las investigaciones bajo comparecencia. Peralta ha descartado acogerse a la colaboración eficaz, pese a que se le acusa de ofrecer influencias para devolver oro incautado al empresario a cambio de un millón de dólares, y de haber recibido 80,000 dólares para influir en una investigación por lavado de activos contra Paltarumi, competidora de Miu Lei.
Un tercer evento la implica con el expresentador en el pedido 100,000 dólares a la familia de Siucho para detener una investigación contra Quantico Servicios Integrados. Al conocer el caso, este último entregó 20,000 dólares, pero al no completar el monto, la investigación se inició. El Ministerio Público tiene un comprobante de depósito a la empresa de Hurtado como evidencia.