La iniciativa privada que busca construir un recinto cerrado para conciertos y grandes eventos en un terreno colindante al Parque de las Leyendas, en el distrito limeño de San Miguel, ha generado una ola de cuestionamientos en distintos sectores. Aunque el Concejo Metropolitano de Lima aprobó la “opinión de relevancia” del proyecto, aún no existe viabilidad técnica ni autorización para su ejecución, según aclaró la regidora metropolitana Roxana Rocha, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lima.
“No se ha aprobado ni la viabilidad ni la ejecución ni la construcción del proyecto”, subrayó Rocha durante una entrevista con RPP Noticias, donde también explicó que la iniciativa apenas ha ingresado a la etapa de formulación, de acuerdo con la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP).
Un proyecto que aún no tiene luz verde
La propuesta, impulsada por una empresa de capitales argentinos, plantea la edificación de una arena techada e insonorizada en un espacio de 20 mil metros cuadrados. Su uso estaría orientado a la realización de conciertos, eventos culturales, deportivos y espectáculos públicos de gran envergadura.
Sin embargo, como recalcó Rocha, aún se requiere una serie de estudios técnicos para determinar si el proyecto podrá avanzar hacia las siguientes fases: planeamiento, ejecución y transacción. Según la normativa vigente, este proceso podría demorar entre año y medio y dos años.
“Hoy en día es muy prematuro decir si esto va o no va, o si congestionará o no el tránsito, o si ocasionará ruido molesto. Todavía no se puede afirmar nada porque no hemos declarado la viabilidad del proyecto”, declaró la regidora a RPP.
Uno de los puntos más sensibles es la ubicación del proyecto, justo al lado del Parque de las Leyendas. Residentes de San Miguel, colectivos ciudadanos y agrupaciones animalistas han mostrado su preocupación ante las posibles consecuencias ambientales y sociales que podría generar la construcción y operación de este recinto.
“Es responsabilidad de la empresa proponente demostrar que el proyecto no afectará negativamente a la comunidad ni a los animales. Para eso se requiere sustento técnico, que aún no se ha presentado”, explicó Rocha.
Entre los temas a evaluar están el impacto acústico sobre los animales del parque, el aumento de la congestión vehicular en zonas residenciales y el posible desbalance en la oferta de espacios públicos versus privados dentro de Lima Metropolitana.
Críticas a la figura de concesión
A los cuestionamientos vecinales se suma el del exregidor metropolitano Jorge Valdez, quien recientemente alertó sobre la modalidad de concesión propuesta para el proyecto. Según Valdez, la iniciativa plantea que la empresa privada tenga la administración del recinto por 43 años, una duración que, a su juicio, podría no ser favorable para los intereses de la ciudad.
“¿Por qué siempre se tiene que recurrir a las figuras de concesión? En este caso, lo han pedido por 43 años. Si no son bien vigiladas, terminan siendo un beneficio total para la empresa y nada, absolutamente nada, le favorece a la ciudad”, declaró en entrevista con Exitosa Noticias.
Valdez cuestionó además la rapidez con la que se avanzó hacia la declaración de relevancia del proyecto sin una discusión más amplia sobre su sostenibilidad, impacto urbano y beneficios reales para la comunidad.
Otro aspecto que ha generado dudas es la aparente falta de coordinación entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de San Miguel, en cuyo territorio se ubicaría el recinto. Hasta la fecha, no se ha informado públicamente si el gobierno local ha emitido opinión formal sobre el proyecto o si participará en el proceso de evaluación técnica.
La regidora Rocha aclaró que, en esta etapa, el rol de la municipalidad es recibir, analizar y derivar la iniciativa a distintas áreas técnicas, y que todos los entes implicados tendrán oportunidad de pronunciarse conforme avance el expediente.
“Se debe preservar la calidad de vida de todos”, señaló la funcionaria, en referencia a la necesidad de evaluar los impactos reales antes de otorgar cualquier tipo de viabilidad o concesión.
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