La Policía Nacional del Perú (PNP) emitió un comunicado en el que aclaró que no ha reconocido a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. No obstante, reconoció que le dieron seguridad en calidad de titular del Ministerio Público. Según la institución, la medida responde a la solicitud acompañada de la resolución de la Junta Nacional de Justicia(JNJ).
De acuerdo con la versión policial, la asignación del servicio de resguardo se dio en cumplimiento de la normativa vigente y en estricto respeto al orden democrático. Aunque destacaron que no está dentro del marco de su competencia ni funciones involucrarse en la disputa fiscal, hizo un llamado a las fiscales a evitar “el desorden y pugna de intereses”. “El Perú necesita unidad y compromiso para enfrentar con firmeza el desafío de la criminalidad”, agregaron.
La controversia se encendió el 13 de junio, tras la presentación de la resolución de la JNJ que restituía a Patricia Benavides. La propia Benavides acudió con ese documento a la Comandancia General de la Policía, solicitando formalmente el restablecimiento de las medidas de protección propias del cargo de fiscal de la Nación, entre ellas el resguardo policial. En respuesta, el Comando de Operaciones Policiales dispuso de inmediato que se le brinde seguridad a Benavides de manera urgente en dicha calidad, reconociéndola implícitamente como tal.
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“(El Comando) dispuso que se le brinde el servicio de seguridad y resguardo policial con el carácter de muy urgente a la doctora Liz Patricia Benavides Vargas, fiscal de la Nación, en atención a la normatividad legal vigente y ante los riesgos a que se enfrenta, como consecuencia de las denuncias y otras actuaciones propias de su cargo como fiscal de la Nación”, se lee en la circular, sin detallarse si el general PNP Víctor Zanabria consultó con la JNJ o con el Ministerio Público sobre la autenticidad o legalidad de la resolución que anula la destitución de Benavides.
En declaraciones a Infobae Perú, el abogado Humberto Abanto, defensor de Benavides, sostiene que el debate debe centrarse en el cumplimiento de la ley que ordena la restitución de la fiscal. Abanto considera que la discusión ha adquirido componentes de confrontación estéril, alejándose del enfoque jurídico que demanda el caso. Según el abogado, el retorno de Benavides al máximo cargo del Ministerio Público está sustentado en una resolución formal de la JNJ, por lo que las entidades públicas, incluida la PNP, están obligadas a cumplirla mientras sea válida en sede administrativa.
“La orden de la Junta Nacional de Justicia es absolutamente válida, en tanto ninguna autoridad judicial la regula o la invalida. Hemos entrado en esta discusión de pabellón psiquiátrico de que un organismo competente dicta una orden y una señora dice que no es válida para ella. Entonces, surge este problema, pero las autoridades que mantienen la serenidad ven esto y dicen: bueno, hay que cumplir con la orden”, sostuvo.
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Delia Espinoza presenta demanda de amparo contra la JNJ
Delia Espinoza, magistrada que ejerce funciones de fiscal de la Nación, presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial en respuesta a la decisión de restituir a Patricia Benavides en el máximo cargo del Ministerio Público.
Espinoza sostiene en su recurso que la decisión de la JNJ vulnera sus derechos fundamentales y afecta el principio de legalidad en la administración pública. El amparo también solicita que se evalúen las condiciones bajo las cuales fue emitida la resolución, argumentando que existen vicios en el procedimiento y que se estarían pasando por alto normativas internas del Ministerio Público.
Asimismo, exige al Poder Judicial la suspensión de los efectos de cualquiera de las resoluciones dirigidas a imponer a Patricia Benavides a la cabeza de la fiscalía de la Nación, así como salvaguardar la autonomía e integridad de la institución.
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