Una vez más el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte le sigue el juego a Patricia Benavides en perjuicio de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Primero fue la Policía Nacional del Perú (PNπ). Ahora lo hace el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), entidad adscrita al Ministerio del Interior.
Para este lunes 23 de junio estaba programada una nueva sesión del Conasec, a donde están invitados diversos funcionarios, incluido el fiscal de la Nación. Sin embargo, el sábado 21 se envió un oficio en el que se informaba que, “por especial encargo” del premier Eduardo Arana, la sesión se suspendía por “motivos de fuerza mayor”.
En los destinarios del oficio se consigna el nombre del funcionario y el cargo que ocupan, excepto en el apartado del fiscal de la Nación. Ahí únicamente aparece la denominación del puesto, pese a que Delia Espinoza es la actual titular del Ministerio Público y su mandato sigue vigente.
“Y ese documento es firmado por el secretario técnico del Conasec, por encargo de la presidenta. Con eso ya tenemos una posición fija del Ejecutivo que dice mucho”, alertó Koky Noriega, gobernador de Áncash y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, en entrevista con Canal N.
Noriega considera que el conflicto creado a partir de la cuestionada resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sería el “motivo de fuerza mayor” por la que se suspendió la sesión del Conasec.
“Para la justicia la Fiscalía es determinante. Sin la presencia de un fiscal de la Nación, la reunión casi quedaría al vacío porque ellos defienden la legalidad y el derecho de la ciudadanía”, manifestó.
La Policía retrocede
La Policía Nacional del Perú (PNP) nuevamente protagoniza un vergonzoso capítulo al emitir un documento que ordenaba brindar resguardo policial “con carácter de muy urgente” a Patricia Benavides, refiriéndose a ella como fiscal de la Nación, para luego aclarar que no la reconoce oficialmente en dicho cargo.
El 15 de junio, la PNP emitió una circular, basada en una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que pretende imponer a Benavides como fiscal de la Nación, ordenando a la Dirección Nacional de Orden y Seguridad (DIRNOS) asignarle protección inmediata debido a los “riesgos” asociados a su cargo. Este documento, firmado por el Comando de Operaciones Policiales, llegó a interpretarse como un reconocimiento oficial de Benavides, a pesar de que Delia Espinoza continúa ejerciendo como fiscal de la Nación, respaldada por la Junta de Fiscales Supremos.
Sin embargo, el 22 de junio, la PNP emitió un comunicado desmintiendo que haya reconocido a Benavides como fiscal de la Nación, aclarando que la asignación de seguridad fue una respuesta administrativa a una solicitud acompañada por la resolución de la JNJ. La institución afirmó que no tiene competencia para tomar posición en la disputa y que actualmente brinda protección tanto a Benavides como a Espinoza.
“Actualmente, ante la disputa por la titularidad del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, en estricto respeto al orden democrático, brinda protección a ambas personas involucradas. Reiteramos nuestro respeto a la ley y a las instituciones. No puede prevalecer el desorden ni la pugna de intereses sobre el orden constitucional. El Perú necesita unidad y compromiso para enfrentar con firmeza el desafío de la criminalidad”, se lee en el comunicado.
La controversia se intensificó tras el intento de Benavides de retomar el cargo el 16 de junio, lo que Espinoza calificó como un “golpe a la democracia”. Espinoza ha presentado una demanda de amparo contra la JNJ para proteger su titularidad, mientras que Benavides, respaldada por su defensa legal, insiste en la validez de su restitución y planea presentarse nuevamente en la sede del Ministerio Público este 23 de junio