El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó el proyecto de ley 12213/2024-DP al Congreso para que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tenga la facultad de designar a jueces y fiscales provisionales. Así, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ya no tendrían la facultad de nombrar magistrados provisionales en sus instituciones.
Según la iniciativa, la JNJ, previo concurso, elaborará un cuadro de méritos “obligatorio y vinculante” para ocupar los cargos de jueces y fiscales provisionales. Sería de la siguiente forma:
Para jueces del Poder Judicial:
- Para jueces supremos provisionales postularán los jueces superiores titulares.
- Para jueces superiores provisionales postularán los jueces especializados y/o mixtos titulares.
- Para jueces especializados o mixtos provisionales postularán los jueces de paz letrado titulares y/o los auxiliares jurisdiccionales nombrados.
- Para jueces de paz letrado provisionales postularán los auxiliares jurisdiccionales nombrados.
Ministerio Público:
- Para fiscales supremos provisionales postularán los fiscales superiores titulares y/o los fiscales supremos adjuntos titulares.
- Para fiscales superiores provisionales postularán los fiscales provinciales titulares y/o los fiscales superiores adjuntos titulares.
- Para fiscales provinciales provisionales postularán los fiscales provinciales adjuntos titulares y/o los asistentes en función fiscal nombrados.
- Para fiscales adjuntos provinciales provisionales postularán los asistentes en función fiscal nombrados.
Asimismo, el proyecto plantea modificar las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público para derogar todo artículo que faculte al presidente de la Corte Suprema y al fiscal de la Nación a nombrar magistrados provisionales.
Los motivos
Según el defensor del Pueblo, la provisionalidad en el Poder Judicial y el Ministerio Público ha “generado un sistema vulnerable a la politización y al tráfico de influencias”, sumado a que las designaciones no responderían a “decisiones discrecionales sustentadas en relaciones de confianza o afinidad personal, antes que en la trayectoria personal y el mérito del magistrado”.
Además, Josué Gutiérrez afirma que la designación de jueces y fiscales provisionales contravendría la facultad “exclusiva y excluyente” de la JNJ de seleccionar y nombrar a los jueces y fiscales de todos los niveles.
De acuerdo con datos oficiales de 3,715 jueces en el Poder Judicial, solo el 41.7% (1,550) son titulares, mientras que el 17.4% (646) son provisionales y el 40.9% (1,519) supernumerarios. En el Ministerio Público, de 8,338 fiscales, el 67.3% (5,615) son provisionales, con distritos como Lima Centro reportando 1,101 fiscales temporales.
Esta alta provisionalidad “compromete la independencia, predictibilidad y calidad del servicio de justicia”, según el defensor del Pueblo, al exponer a los magistrados a “presiones institucionales”.
Josué Gutiérrez también invoca la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Casa Nina vs. Perú (2020) para asegurar que “la igualdad de oportunidades en el acceso y la estabilidad en el cargo garantizan la libertad frente a toda injerencia o presión política”.
Asimismo, invoca a la CIDH para sostener que “la provisionalidad y correlativa ausencia de estabilidad laboral” afecta la imparcialidad y continuidad de las investigaciones penales.
Finalmente, Gutiérrez subrayó que la propuesta no genera gasto adicional al Tesoro Público y refuerza las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, promoviendo un “Estado eficiente y transparente” y la “independencia judicial”.
El proyecto de ley será remitido a la Comisión de Constitución que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi. Cabe precisar que desde este grupo de trabajo, así como desde la Comisión de Justicia que preside Perú Libre, se han impulsado distintas iniciativas en perjuicio del Poder Judicial y el Ministerio Público.