Excanciller espera que se desestimen denuncias constitucionales contra Dina Boluarte: “Dañan la imagen del Perú”

En los últimos días, la Fiscalía presentó varias denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte por diversos casos, lo que ha generado una ola de críticas. Al respecto, el excanciller Javier González-Olaechea se pronunció y explicó cómo estas acusaciones afectan la imagen internacional del país.

Según González-Olaechea, estos procesos no solo afectan la imagen del país a nivel internacional, sino que también podrían perjudicar la capacidad de la presidenta para ejercer un gobierno eficaz.

“Yo quisiera que no hubieran denuncias contra un jefe de Estado. Esto hace daño a la institución y también a la imagen del Perú en el exterior. Posiblemente, la señora presidente disponga una buena parte de su tiempo para atender estas denuncias y ver cómo responderlas en tiempo y forma, lo cual también le quita tiempo para gobernar”, expresó en entrevista para RPP.

Denuncias dañan imagen de Perú

González-Olaechea puso énfasis en cómo estas acciones legales pueden influir en la percepción de Perú en el exterior. En su opinión, la situación es preocupante porque un jefe de Estado no debería “tener tantas denuncias abiertas” en su contra.

El excanciller manifestó en RPP que, “Esto hace daño a la institución y también a la imagen del Perú en el exterior”. Esta perspectiva sugiere los riesgos de que el enfoque de la presidenta se desvíe excesivamente hacia la defensa legal, proyectando así una imagen de inestabilidad gubernamental.

González-Olaechea indicó que tiene esperanza de que las denuncias se desestimen por falta de sustento. Señaló para el mismo medio que “La justicia sigue actuando en el marco de los procesos que deben ser debidos y, en su momento, la verdad se sabrá. Yo de corazón espero realmente, por el bien del país y de la institución presidencial, que muchas de ellas (las denuncias) se caigan por falta de sustento”, añadió.

Cinco denuncias contra Dina Boluarte en dos días

En menos de 48 horas, la Fiscalía de la Nación presentó cinco denuncias constitucionales contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante el Congreso. Este hecho marca un nuevo episodio de tensión política en el país, al involucrar a la jefa de Estado en investigaciones por presuntos delitos cometidos tanto en su actual mandato como en su etapa previa como ministra.

Las denuncias fueron ingresadas entre el jueves y viernes de la última semana. De estas, tres están relacionadas con supuestas irregularidades durante su gestión presidencial, mientras que las otras dos corresponden a hechos ocurridos antes de asumir el cargo. Este volumen inusual de acusaciones en tan corto tiempo ha generado una fuerte repercusión mediática y política.

La situación ha encendido las alarmas en diversos sectores, en especial entre los gremios empresariales e inversionistas, quienes expresan preocupación por el posible impacto de esta nueva crisis en la estabilidad institucional y económica del país. La incertidumbre generada por los procesos judiciales contra la mandataria podría afectar la confianza en el entorno político y en las perspectivas de inversión a corto y mediano plazo.

¿Por qué se le acusa a Dina Boluarte?

• Omisión de funciones por cirugías estéticas.- La Fiscalía acusa a Boluarte de no comunicar oficialmente su impedimento para ejercer funciones entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, tras someterse a cirugías estéticas. Esto vulneraría los artículos 114 y 115 de la Constitución y podría constituir omisión de funciones o abandono del cargo.
• Encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón.- Se le imputa haber facilitado la fuga del exgobernador Vladimir Cerrón, prófugo por corrupción, presuntamente utilizando un vehículo oficial. La Fiscalía investiga un posible encubrimiento personal y obstrucción a la justicia.

• Responsabilidad en muertes durante protestas.- Se le responsabiliza por el uso excesivo de la fuerza en protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, que dejaron al menos 75 heridos. La acusación señala permisividad desde la Presidencia ante la represión.
• Colusión agravada en el caso Qali Warma.- Como exministra, Boluarte habría favorecido irregularmente a un proveedor vinculado a su entorno familiar en el programa de alimentación escolar, lo que implicaría concertación indebida en perjuicio del Estado.
• Enriquecimiento ilícito y omisión patrimonial.- Se le investiga por un incremento patrimonial no justificado desde 2021, incluyendo la compra de relojes Rolex y joyas no declaradas en sus informes oficiales, lo que contraviene las normas de transparencia.