El conflicto entre el Estado peruano y la empresa española Cobra, concesionaria del proyecto de irrigación Majes Siguas II, ha alcanzado un nuevo hito con la conformación del tribunal arbitral en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Según informó CIAR Global, el tribunal estará presidido por la abogada mexicana Elsa Ortega López, mientras que el argentino José A. Martínez de Hoz y el salvadoreño Humberto Sáenz Marinero actuarán como coárbitros designados por las partes en disputa. Este arbitraje surge tras años de controversias relacionadas con el contrato de concesión del proyecto, que incluyen denuncias de incumplimientos y falta de garantías financieras por parte del Estado peruano. La compañía española reclama un monto de 1.400 millones de dólares.
De acuerdo con CIAR Global, Elsa Ortega López, quien fue designada como presidenta del tribunal por acuerdo mutuo de las partes, se desempeña actualmente como socia en el bufete Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez. Este es su primer caso como árbitra en un procedimiento del CIADI. Por su parte, José A. Martínez de Hoz, socio de Martínez de Hoz & Rueda, cuenta con una amplia experiencia en arbitrajes internacionales, habiendo participado en catorce casos del CIADI, incluidos procedimientos relacionados con Argentina, Colombia y México. Humberto Sáenz Marinero, socio de Novis Estudio Legal, también tiene experiencia en arbitrajes internacionales, habiendo intervenido en casos como Enel Green Power v. El Salvador y Pac Rim Cayman LLC v. El Salvador.
Majes Siguas II: conflicto prolongado y complejo
El proyecto Majes Siguas II, considerado uno de los más importantes en infraestructura para el desarrollo agrícola en Perú, ha estado paralizado desde diciembre de 2017. La paralización se debe a múltiples factores, entre ellos una controversia sobre una adenda al contrato firmada en 2019, que implicaba cambios tecnológicos y un aumento en la inversión. Esta adenda fue rechazada por sectores políticos y sociales que sospechaban posibles irregularidades, lo que generó un clima de incertidumbre y retrasos en la ejecución del proyecto.
El conflicto escaló en octubre de 2021, cuando la concesionaria Angostura-Siguas, controlada por Cobra, notificó al Gobierno peruano y al Gobierno Regional de Arequipa su intención de retirarse del proyecto. La empresa argumentó que no había recibido el respaldo ni las garantías necesarias por parte del Estado para asegurar la financiación, además de señalar incumplimientos en los plazos establecidos. En ese momento, Cobra solicitó la caducidad del contrato, lo que marcó el inicio de una serie de disputas legales.
En agosto de 2023, el Gobierno Regional de Arequipa inició un procedimiento arbitral contra Angostura-Siguas ante el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Sin embargo, la empresa española se opuso a esta instancia, argumentando que la controversia debía resolverse en un arbitraje internacional. Finalmente, en julio de 2024, el tribunal arbitral de la CCL se declaró sin jurisdicción para resolver el caso, condenando al Gobierno Regional de Arequipa a asumir las costas del procedimiento.
Midagri vs. Cobra: intentos de negociación e impacto económico
Hasta marzo de 2025, el Gobierno peruano mantenía la esperanza de evitar el arbitraje internacional con Cobra. Según declaraciones del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, se estaban llevando a cabo negociaciones con la concesionaria para encontrar una solución definitiva que permitiera reactivar el proyecto. Manero afirmó en una rueda de prensa que se esperaba alcanzar un acuerdo en un plazo de dos o tres meses, lo que evitaría el arbitraje y permitiría avanzar en la construcción del túnel y la represa, elementos clave del proyecto.
Por su parte, el director ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, reveló que para Infobae Perú el Ministerio de Agricultura había delegado a esta agencia la responsabilidad de liderar las negociaciones con un enfoque pragmático. Según Del Carpio, el objetivo era resolver el problema de manera inmediata, evitando que el conflicto se prolongara por años.
La paralización del proyecto Majes Siguas II ha tenido un impacto letal en la economía de la región y del país. Según datos proporcionados en el informe, Perú ha perdido aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales debido a la inactividad del proyecto, además de dejar de generar 250.000 empleos directos e indirectos. Estas cifras reflejan la importancia de encontrar una solución que permita reactivar esta iniciativa de infraestructura, que busca transformar la región de Arequipa en un polo de desarrollo agrícola.