¡Qué duda cabe de que todos quisiéramos vivir en un país con menos desigualdad! Desigualdad entendida no solo en términos de riqueza, patrimonio, de ingresos o salarios, pues también abarca la expectativa de vida, la facilidad que tienen las personas para acceder a servicios de salud, educación de calidad y servicios públicos en general, según las Naciones Unidas.
Esta es una tarea pendiente en nuestro país, teniendo en cuenta que más del 30% de la población vive en condición de pobreza multidimensional; es decir, que carece de cobertura en al menos un servicio público, referidos a educación, salud o condiciones de vivienda. En once departamentos del interior del país, más del 40% de su población es pobre multidimensionalmente, siendo el más crítico el de Loreto. El 60% de la población de dicho departamento se encuentra en tal condición.
Para contrarrestar esta situación y contribuir con el cierre de brechas sociales, el Estado debe ser capaz de identificar los principales problemas públicos que limitan el acceso a mejores servicios públicos y a oportunidades en el mercado. A partir de esto, debería diseñar estrategias e implementar las mejores alternativas de acción, habiendo hecho un análisis de impacto regulatorio y de costos y beneficios de estas. No hacerlo así —como ya es costumbre en la administración pública de nuestro país— termina generando falsas expectativas en la población, tras la aplicación de políticas sin criterio técnico. Peor aún, perjudicarían a quienes pretenden beneficiar.
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Con el objetivo de reducir la desigualdad, recientemente el Congreso de la República consideró oportuno modificar el cálculo del reparto de utilidades a favor de trabajadores de menores ingresos, priorizando días laborales sobre rendimiento. Se establecería una modificación progresiva, ajustando hasta 2034 un reparto de 75% según días trabajados y 25% según los salarios. Un absurdo, que no solo desincentiva la productividad, puesto que prioriza los días trabajados sobre la remuneración, sino que también resultaría ofensivo para la enorme masa de personas que no reciben utilidades ni mucho menos ingresos fijos.
Dicha medida solo aplicaría a un 1.7% del total de trabajadores en todo el país. En 2023, solo 295,595 personas recibieron ingresos por concepto de utilidades; mientras que en ese año se registraron más de 17.7 millones de puestos de trabajo, de acuerdo con estimaciones de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
Pretender resolver o mitigar un problema estructural con una iniciativa legislativa mal enfocada no solo es incorrecto, sino que también resultaría contraproducente para la población que se quiere atender. Una medida de este tipo podría inducir a las empresas a establecer salarios bajos y aumentar la carga laboral sin una compensación adicional, o, en el colmo de males, reducir la contratación de personal.
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La desigualdad es más que una brecha de ingresos; es una brecha de oportunidades. Y, lamentablemente, muchos de nuestros congresistas parecen no verla. Lo peor de todo es que todavía algunos consideran que con leyes o cambios normativos están ejecutando “reformas”, cuando las últimas verdaderamente serias, consensuadas, en bloque, se hicieron mucho tiempo atrás.