A partir del 22 de abril, los familiares de congresistas, ministros, presidentes, vicepresidentes, gobernadores regionales y alcaldes distritales podrán contratar con el Estado, tras la aprobación de la nueva Ley de Contrataciones del Estado. Esta medida, que flexibiliza las normas previas, ha generado controversia, ya que permitirá que los parientes de autoridades públicas accedan a contratos estatales, siempre y cuando no lo hagan con instituciones donde trabajen o laboren sus familiares.
Según la especialista en contrataciones públicas, Liz Díaz, la nueva disposición busca evitar que los familiares de las autoridades se vean perjudicados por el hecho de tener un pariente en el poder, permitiéndoles acceder a oportunidades laborales en el ámbito nacional. “Si yo soy hermana de un congresista, solo estaría impedido de contratar con el Congreso, no a nivel nacional”, explicó Díaz en una entrevista con LP-Pasión por el Derecho.
La normativa, que clasifica a los familiares según el cargo de la autoridad pública, ha sido objeto de debate durante años. Díaz resaltó la importancia de reflexionar sobre el derecho de los familiares a trabajar, independientemente de la posición política de sus parientes. “¿Por ser mi hermano congresista no tendría derecho a trabajar? Ahí viene la pregunta”, sostuvo.
A pesar de las críticas, Díaz calificó las nuevas disposiciones como positivas, asegurando que brindan una oportunidad para hacer las cosas de manera justa y equitativa en el sector público. La Ley de Contrataciones del Estado entrará en vigencia el 22 de abril, y se espera que esta reforma contribuya a mejorar la calidad de las obras públicas y los contratos para beneficio del país.
“Creo que es una oportunidad más para empezar a hacer las cosas bien. Como siempre digo: si eres un servidor público, estás para servir al ciudadano; si eres un proveedor del Estado, estás para ganar, pero en condiciones justas, honestas y equitativa”, declaró.
Contrataciones bajo la lupa
A pesar de las restricciones legales, los familiares de congresistas peruanos han logrado contratos con entidades del Estado. Una investigación de Ojo Público ha revelado que al menos 38 familiares de 30 parlamentarios han sido beneficiados con adjudicaciones públicas, entre julio de 2021 y octubre de 2024, por un total de 1′051.611 soles. Esta situación contraviene la normativa que prohíbe estos contratos para parientes cercanos de legisladores.
Los involucrados son familiares de hasta segundo grado de consanguinidad, como padres, hijos, hermanos y abuelos, así como cónyuges o convivientes. Entre las bancadas con más casos figuran Fuerza Popular, Bloque Magisterial y Podemos Perú, aunque también se han detectado irregularidades en otros grupos y entre los legisladores no agrupados.
Más de la mitad del monto total de las contrataciones está vinculado a familiares de solo cinco congresistas, lo que resalta una concentración de recursos en un pequeño número de legisladores. Este patrón podría reflejar irregularidades que merecen un escrutinio más profundo.
La falta de cumplimiento de las restricciones legales no solo empaña la imagen del Congreso, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Este tipo de prácticas podría derivar en sanciones administrativas o legales para los responsables.
Leyes anteriores
No es la primera vez que se aprueba una norma que flexibiliza las contrataciones para familiares de parlamentarios. En abril de 2024, la bancada de Acción Popular impulsó una propuesta que modificaba las restricciones legales que actualmente prohíben a los familiares de funcionarios y autoridades públicas contratar con el Estado.
El proyecto, identificado como 07575/2023-CR, fue presentado con el respaldo de otros miembros de la bancada de Acción Popular, entre ellos Luis Ángel Aragón Carreño, Wilson Soto Palacios, Jorge Flores Ancachi, Luis Cordero Jon Tay y Elvis Vergara Mendoza. Varios de estos congresistas han sido vinculados al caso conocido como ‘Los Niños’, una investigación que involucra presuntos actos de corrupción dentro del Congreso peruano.