Este jueves, la Municipalidad de Lima someterá a votación una ordenanza que declararía la intangibilidad del Centro Histórico, con el objetivo de reforzar la fiscalización y prohibir el uso de locales comerciales como almacenes clandestinos. La medida surge a raíz del incendio ocurrido recientemente en Barrios Altos, el cual puso en evidencia el riesgo de estas prácticas ilegales.
Mayor control y sanción inmediata
La gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Lima, Mariella Falla, adelantó que, de aprobarse la norma, cualquier establecimiento con licencia para ventas al por menor que sea detectado funcionando como depósito perderá automáticamente su permiso de operación. Además, se procederá con la clausura definitiva del local, impidiendo que el propietario pueda regularizar su situación.
“La licencia será revocada de forma inmediata, además de procederse a la clausura definitiva del local. Ningún comerciante con licencia revocada podrá recuperar o regularizar dicho permiso si se detecta que sus locales son empleados para fines ilegales”, señaló Falla.
Asimismo, anunció que la gerencia de Fiscalización ya cuenta con un plan para intensificar las inspecciones en la zona, el cual se activará tan pronto como la norma entre en vigencia.
Una medida contra la informalidad
El incendio en el jirón Cangallo dejó en evidencia las condiciones de riesgo en las que operan muchos negocios que, sin autorización, utilizan sus locales como depósitos. Según Falla, esta situación se repite debido a que en el pasado se ha actuado con demasiada “buena fe”, confiando en que los empresarios cumplirían con los permisos otorgados.
“Cuando un local se vuelve comercial, ya deja de ser propiedad privada. Con la ordenanza de intangibilidad, los empresarios que se opongan al control municipal perderán su licencia de manera inmediata”, afirmó la funcionaria.
Como parte de las medidas de fiscalización, la Municipalidad de Lima planea implementar un servicio de monitoreo permanente en el Centro Histórico, con personal encubierto y debidamente identificado. También se ha anunciado que, en casos donde se detecten almacenes ilegales, se procederá a tapiar o soldar las puertas de los locales para evitar que continúen operando.
“Tendremos un servicio especial durante las 24 horas del día, con el objetivo de erradicar estas prácticas que ponen en peligro a la ciudadanía”, indicó Falla.
A nueve días del incendio en Barrios Altos, las autoridades insisten en la necesidad de aplicar medidas más drásticas para evitar futuras tragedias. Según indicaron, la participación ciudadana será clave, por lo que exhortaron a los vecinos a denunciar cualquier actividad irregular en la zona.
Peligro en Centro Histórico persiste
Cabe precisar que la Municipalidad de Lima ha redoblado sus acciones para combatir la proliferación de almacenes clandestinos en el Centro Histórico, logrando la clausura de casi 90 establecimientos ilegales en lo que va del año 2025. Según Mario Casaretto, vocero de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), las autoridades han llevado a cabo operativos de fiscalización constantes para enfrentar este problema, pese a las dificultades legales y logísticas que entorpecen su labor.
Casaretto detalló, en declaraciones a TVPerú Noticias, que, hasta la semana pasada, se contabilizaban 81 clausuras, pero con las intervenciones más recientes la cifra habría aumentado a 89 almacenes cerrados. No obstante, reconoció que el trabajo de fiscalización enfrenta problemas, debido a barreras legales que limitan la acción de la municipalidad.
Un obstáculo mencionado radica en que muchos de estos locales operan disfrazados como viviendas o tienen fachadas de domicilios. Esta situación complicó los operativos, ya que las normas impiden la intervención directa en propiedades que legalmente son consideradas inviolables. Casaretto explicó que, aunque estos espacios estén repletos de mercadería, no se pueden clausurar sin vulnerar los derechos sobre la propiedad habitacional.
Además, el vocero resaltó otra problemática recurrente: los comerciantes responsables de estos almacenes suelen acudir al Poder Judicial para interponer acciones de amparo, lo que los habilita a continuar con sus actividades mientras los procesos judiciales siguen su curso.
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