Las deudas económicas pueden convertirse en una fuente constante de preocupación para muchas personas, especialmente cuando estas derivan en acciones legales que amenazan con la pérdida de bienes personales. En Perú, el embargo es una medida que permite a los acreedores reclamar bienes del deudor para saldar montos pendientes. Sin embargo, el Código Civil peruano estipula ciertos bienes que están protegidos y no pueden ser objeto de embargo. Conocer cuáles son estos bienes resulta fundamental para quienes enfrentan dificultades financieras.
El Código Civil establece que ciertos bienes esenciales para la vida y el sustento de las personas no pueden ser embargados, ya que su confiscación afectaría el bienestar del deudor y su familia. Entre estos bienes protegidos se encuentran:
- Bienes constituidos en patrimonio familiar: Si bien el patrimonio familiar está protegido, hasta dos terceras partes pueden ser embargadas si es estrictamente necesario.
- Prendas de uso personal: Ropa, libros y alimentos básicos no son embargables, ya que se consideran indispensables para la supervivencia.
- Herramientas, vehículos y utensilios necesarios para el trabajo: Elementos como máquinas, vehículos o herramientas esenciales para el desempeño de un oficio quedan exentos del embargo.
- Remuneraciones y pensiones: Las remuneraciones y pensiones protegidas hasta un límite de cinco Unidades de Referencia Procesal (URP) están exentas, aunque el excedente puede ser embargado en un tercio.
- Pensiones alimentarias: Estas prestaciones destinadas a la manutención no pueden ser embargadas bajo ninguna circunstancia.
- Muebles de templos religiosos y sepulcros: Estos bienes también están protegidos por su valor cultural y simbólico.
- Compensación por Tiempo de Servicios (CTS): Esta compensación puede ser embargada únicamente hasta el 50% en caso de obligaciones alimentarias.
Procedimientos para el embargo
El embargo no se puede realizar de manera arbitraria. Según la normativa vigente, los acreedores deben cumplir un proceso que incluye varias etapas:
- Requerimiento notarial: Es el primer paso en el que el acreedor solicita formalmente el pago o una conciliación.
- Medidas cautelares: En caso de no obtener respuesta, el acreedor puede solicitar al juez inmovilizar bienes del deudor.
- Subasta de bienes: Si el proceso judicial concluye a favor del acreedor, los bienes embargados pueden ser vendidos para saldar la deuda.
Es crucial que los deudores conozcan estos procedimientos, ya que cualquier irregularidad en ellos puede ser motivo para solicitar la anulación del embargo ante un juez.
PUBLICIDAD
Entidades autorizadas para embargar sueldos
En Perú, solo tres entidades tienen la potestad legal para retener parte del salario de una persona:
- SUNAT: Puede aplicar retenciones de hasta el 30% del sueldo neto por deudas tributarias o multas administrativas.
- Bancos: Las instituciones financieras requieren una orden judicial para embargar sueldos por deudas relacionadas con préstamos o tarjetas de crédito. El porcentaje a retener es similar al que aplica SUNAT.
- Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP): En casos de deudas con el sistema de pensiones, las AFP pueden solicitar retenciones salariales mediante una orden judicial.
Prescripción de deudas
El Código Civil peruano dispone que las deudas prescriben después de 10 años. Esto significa que una vez transcurrido este período, los acreedores ya no pueden reclamar judicialmente el monto adeudado. No obstante, la deuda continuará registrada en las bases de datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) hasta que sea saldada.
Es esencial que las personas conozcan su situación financiera y las herramientas disponibles para revisar sus deudas. Estas son las principales opciones:
- SUNAT: Permite a los ciudadanos consultar deudas tributarias y multas a través de su plataforma.
- Centrales de Riesgo: Reúnen información sobre el estado de las obligaciones financieras, incluyendo montos pendientes y calificación crediticia.
- SBS: Ofrece un servicio gratuito en su página web para verificar las deudas registradas con entidades financieras y conocer la situación crediticia del usuario.