La Municipalidad de Magdalena desmintió este lunes la denuncia realizada por la trabajadora parlamentaria Isabel Cajo, quien aseguró haber sido víctima de un robo de celular en dicho distrito el 27 de diciembre del año pasado. La letrada, quien se encuentra en el centro de una controversia vinculada a una presunta red de prostitución en el Congreso, había afirmado que su teléfono fue sustraído mientras paseaba por las calles de esa jurisdicción.
Sin embargo, las cámaras de seguridad contradicen esa versión. “Ella no fue víctima de robo ni tuvo incidente alguno como lo ha manifestado (...) Los videos muestran a la señorita paseando con su mascota con absoluta tranquilidad y luego acompañada de otra persona”, se lee en un comunicado oficial emitido por la comuna.
Solo días atrás, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, presentó su carta de renuncia a la militancia de Alianza para el Progreso (APP), uno de los partidos más involucrados en este escándalo que salió a la luz tras el asesinato de la abogada Andrea Vidal Gómez. “Damos cuenta de esta información para los fines pertinentes y la ponemos a disposición de las autoridades para el esclarecimiento de los hechos”, agregó su pronunciamiento.
Según el parte policial, Cajo relató que mientras paseaba a su mascota y tomaba una fotografía, un hombre de contextura robusta, vestido de negro y con casco, la abordó de manera abrupta y le arrebató su móvil. El delincuente, de acuerdo con esa acta, escapó en una motocicleta.
La abogada, quien no posee el título de Bachiller, fue contratada con un salario superior a los 7.000 soles como personal de confianza en el despacho del congresista Edwin Martínez, después de ofrecer contenido para adultos en la plataforma OnlyFans.
Antes de unirse al equipo del este legislador, laboró en la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, bajo la dirección de Jorge Torres Saravia, señalado como el responsable de montar la presunta red en la institución del Estado.
Previamente, el congresista no agrupado Carlos Zeballos, miembro de la Comisión de Fiscalización del Congreso, denunció la falta de transparencia en el manejo de información clave en el caso. “Es algo extraño que viene sucediendo en esta investigación. No solo ocurre esta supuesta pérdida de celular, sino que hay personas que no se acuerdan durante este tiempo”, comentó en diálogo con Canal N.
También cuestionó la lentitud en la entrega de documentos para el esclarecimiento de la acusación. “No hay personas que ayuden a transparentar la información que maneja el Congreso, como son los informes que realizan estas señoritas, las cámaras de videovigilancia del Congreso y otras cosas que se han solicitado y demoran en llegar a la fiscalización”, indicó.
El legislador subrayó además la falta de filtros en los procesos de contratación dentro del Congreso, lo que, según él, ha permitido que personas cuestionadas lleguen a ocupar cargos. “En este momento, hay cuatro señoritas investigadas. Lógicamente que hay otros funcionarios también. Han llegado videos y fotografías. Hay un memorándum también”, mencionó.
Crimen sin esclarecer
La investigación contra Torres Saravia fue abierta tras el homicidio de Andrea Vidal, quien fue asesinada en el distrito de La Victoria mientras viajaba en un taxi. Vidal, de 28 años, trabajaba en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso y, según informes del programa Beto a saber, podría haber estado involucrada en la presunta red de prostitución en el Parlamento.
De acuerdo con un reportaje de Hildebrandt en sus trece, el exfuncionario contrataba a mujeres sin experiencia ni los requisitos necesarios para ser asesoras o secretarias en el Parlamento, aunque en realidad trabajaban en actividades de prostitución dentro de la sede parlamentaria.
El mismo informe señaló que Torres Saravia organizaba fiestas con altos funcionarios en las que los fotografiaba y grababa. Una de las personas asociadas con estas reuniones fue Cajo, quien, tras participar en las fiestas, comenzó a laborar en el Legislativo.