Terminó el año 2024 y será recordado como el más sangriento para el Perú en los últimos ocho años, según los registros del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). Hasta el 29 de octubre, se contabilizaron 1.601 homicidios, superando los 1.516 registrados en 2022 y los 1.431 de 2023.
Estas alarmantes cifras se alcanzaron a pesar de la implementación de estados de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, zonas que concentran cerca del 40 % de los homicidios reportados semanalmente.
El incremento de asesinatos ha sido atribuido a múltiples factores: la expansión de bandas delictivas, el acceso indiscriminado a armas de fuego y la ausencia de respuestas contundentes, principalmente por parte del gobierno de Dina Boluarte.
Según el exministro del Interior, Rubén Vargas, la inseguridad en el país está vinculada a la “expansión de actividades ilegales como el sicariato, la minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando”.
Por su parte, el general PNP en retiro José Baella emplazó al gobierno a combatir principalmente la extorsión y los atentados mediante estrategias de inteligencia operativa; además, advirtió que el país enfrenta una crisis de inseguridad “sin precedentes”.
“El Perú vive una gran crisis de inseguridad, pero, al parecer, el gobierno, el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, no son conscientes de ello”, enfatizó Baella a este medio.
Enero: sangre y terror desde el inicio
El año comenzó con hechos violentos que conmocionaron al país. El 18 de enero, Wilmer Álvarez, comerciante de Surco, fue asesinado tras ser asaltado por dos delincuentes que intentaron robarle 10 mil soles. Aunque no opuso resistencia, recibió un disparo en el cuello.
Ese mismo día, en Chorrillos, Christian Zurita, de 18 años, fue secuestrado por una banda criminal que exigió 400 soles como rescate. Tras recibir el dinero, los secuestradores grabaron la ejecución del joven y enviaron las imágenes a su familia.
El 23 de enero, en el Callao, una niña de siete años fue asesinada durante un tiroteo entre bandas de narcotraficantes. Las balas, que iban dirigidas a un presunto rival, terminaron impactando en la menor, lo que motivó la indignación nacional.
Febrero: líderes bajo ataque
El 1 de febrero, Juan Moisés Liñán, guardaespaldas de un teniente alcalde en San Juan de Lurigancho, fue acribillado a balazos cerca de su domicilio. Testigos señalaron que el crimen podría estar relacionado con disputas políticas en la municipalidad.
Marzo: un mes de violencia
El 6 de marzo, José Quintanilla fue asesinado frente a su madre mientras almorzaban en un restaurante en San Juan de Lurigancho. Días después, el 18 de marzo, Juan Carlos Miranda, dirigente vecinal en El Agustino, murió baleado mientras lavaba su auto.
El 23 de marzo, un ataque armado en Independencia dejó gravemente herida a Vanessa Soto, conocida como “La Chinita de la Salsa”, y causó la muerte de su pareja, un policía en actividad. Este crimen puso en evidencia los riesgos que enfrentan las autoridades al enfrentarse al crimen organizado.
Abril: terror en el sector minero
El 6 de abril, en Pataz, La Libertad, un grupo armado atacó dos torres de alta tensión y asesinó a un trabajador minero, en lo que las autoridades calificaron como un acto de sabotaje.
En Chaclacayo, tres días después, el cantante Erick Cañahua fue ejecutado junto a tres amigos mientras almorzaban en un restaurante.
El 21 de abril, en Barranco, el empresario Dirceu Fregeiro murió tras recibir 14 disparos en un bar. Las investigaciones sugieren que el crimen estuvo motivado por represalias personales.
Mayo: crímenes con mensaje
El 13 de mayo, en Comas, dos ciudadanos venezolanos fueron acribillados y quemados vivos por un grupo de sicarios que difundió el ataque como un mensaje para otras bandas rivales.
Junio: la música de luto
El 9 de junio, Joselyn Díaz, alias “la pepera”, asesinó a un ingeniero tras drogarlo junto a otros amigos en Miraflores. Posteriormente, usó las tarjetas bancarias de las víctimas para realizar compras.
El 17 de junio, Javier Carmona, cantante conocido por su participación en La Voz Perú, fue asesinado en plena presentación en una cevichería en Independencia. El ataque quedó registrado en una transmisión en vivo.
Julio: homicidios sin freno
El 13 de julio, Carlos Alania, taxista conocido como ‘Lechucero’, murió tras recibir un disparo mientras intentaba huir de asaltantes que solicitaron un servicio por aplicativo en San Martín de Porres, al norte de Lima.
El 31 de julio, Estuar Ymán, de 25 años, fue asesinado de nueve disparos mientras conducía por Comas.
Agosto: más violencia
El 4 de agosto, en San Juan de Lurigancho, Juan Cavallini, quien era corista del conocido “Chacalón Jr.”, fue asesinado durante una presentación. Las primeras hipótesis apuntan a extorsiones como móvil del crimen.
El 7 de agosto, en Puente Piedra, un abogado vinculado a una banda criminal fue baleado mientras bebía con amigos.
Septiembre: transportistas bajo amenaza
El 7 de septiembre, en Manchay, Urbana Chaupis, madre de familia, falleció al recibir un disparo en la cabeza mientras viajaba en una combi extorsionada por bandas locales.
El 3 de septiembre, Edu Salas Wiese, hermano de un músico de Zaperoko, fue asesinado en el Callao por sicarios.
Octubre: masacre y asesinato
El 8 de octubre, en Hualgayoc, un comisario en estado de ebriedad asesinó al ingeniero ambiental Ruddy Lozano durante una discusión en un bar.
El 9 de octubre, en el Callao, un sicario fingió ser pasajero en una combi y abrió fuego, matando a cinco personas e hiriendo a otras tres.
En pleno estado de emergencia en Ate, fue asesinado el profesor Julio Pacheco Pimentel, a plena luz del día en el centro educativo Julio C. Tello. Un sicario vestido como un trabajador del Poder Judicial le disparó tres proyectiles en el pecho en la puerta de ingreso del local principal.
Noviembre: un adiós trágico
El 4 de noviembre, Alezka Thalía Manrique, cantante del grupo Hermanos Guerrero, fue asesinada durante un asalto en Amazonas.
Diciembre: crimen con vínculos políticos
Andrea Vidal Gómez, extrabajadora del Congreso, falleció tras ser atacada a balazos el 10 de diciembre en La Victoria. Las investigaciones apuntan a que el atentado estaría relacionado con una red de corrupción en la que trabajaba.
Los expertos consultados para el presente informe reflexionaron que la falta de acciones efectivas por parte del gobierno ha dado como resultado el avance imparable del crimen organizado. Las cifras ya colocan al 2024 como el año más violento de la última década. El saldo ha sido un impacto devastador en todos los sectores de la sociedad peruana. Mientras tanto se mantiene firme esa urgente demanda de respuestas efectivas.
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