
El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), llevó a cabo la destrucción de más de 10 toneladas de medicamentos que habían sido incautados durante diversos operativos realizados en 2024. Estos productos, de procedencia ilegal o sin registro sanitario, representaban un peligro significativo para la salud pública. Según informó el Minsa, la medida busca evitar que productos adulterados lleguen al consumo humano.
De acuerdo con la información compartida por el Minsa, entre los artículos destruidos se encontraban jarabes, pastillas, cápsulas, ungüentos, gotas, inyectables y alcohol medicinal, muchos de los cuales estaban alterados o eran de origen desconocido. “La eliminación de estos medicamentos tiene el objetivo de salvar la salud de la población, dado que su uso implica un gran riesgo”, explicó Lourdes Ternero, quien lidera el Equipo contra el Comercio Ilegal de la Digemid, citada por el medio.
Además, se informó que ningún medicamento solo fue incinerado. También se destruirán frascos vacíos de distintos tamaños, diseñados para el envasado de medicamentos falsificados, así como etiquetas y maquinaria de carácter artesanal empleada para la fabricación de estos productos ilegales. Este hallazgo muestra la complejidad de las redes que operan en el comercio ilegal de medicamentos.
En declaraciones al Minsa, Ternero destacó que aproximadamente 3 toneladas de estas 10 toneladas correspondían a medicamentos vencidos que habían sido recolectados en puntos de acopio establecidos en todo el territorio nacional. Estas iniciativas permiten canalizar de manera segura medicamentos que no están en uso en los hogares y evitar que terminen siendo recogidos y reutilizados por redes ilegales. “Cada vez más personas están optando por depositar sus fármacos vencidos en los contenedores designados, evitando así que regresen al mercado negro”, señaló.
Los artículos recolectados fueron destruidos cumpliendo estrictos estándares ambientales. Concretamente, el proceso de eliminación se llevó a cabo en un relleno sanitario ubicado en Chilca, asegurando no generar impactos negativos en el medio ambiente.

El comercio ilegal de medicamentos ha sido un tema de creciente preocupación en el país. Según fuentes del Minsa, estos productos suelen ser vendidos en mercados informales e incluso en plataformas digitales sin ningún tipo de garantía respecto a su contenido. Frente a esto, Ternero hizo un llamado a la ciudadanía: “Recomendamos adquirir medicamentos únicamente en farmacias y boticas formales. Asimismo, evite la automedicación y desconfiar de productos farmacéuticos ofrecidos a través de redes sociales.” Esta advertencia se alinea con los esfuerzos del sector salud para reducir las prácticas médicas inseguras y proteger la salud pública.
Al respecto, Lourdes Ternero también explicó que algunos de los puntos de recolección que se han implementado funcionan con notable éxito en zonas urbanas y que, conforme avanzan las campañas de sensibilización, se espera una mayor participación ciudadana. La funcionaria subrayó que depositar medicamentos vencidos o no utilizados en estos contenedores no solo protege a las personas, sino que además limita uno de los principales insumos del comercio ilegal.
Por otro lado, el hallazgo de maquinaria y frascos vacíos pone en evidencia la sofisticación de las redes clandestinas. En operativos realizados este año, se logró confiscar equipos de producción básica que permitían a las organizaciones mafiosas fabricar medicamentos en apariencia similar a los originales. “La maquinaria incautada demuestra que estas organizaciones recurren a sistemas rudimentarios pero efectivos para engañar al consumidor”, afirmó un representante del Minsa citado por el medio.
Finalmente, los líderes de la Digemid recalcaron la importancia de adoptar un enfoque preventivo que incluya campañas educativas, operaciones continuas de incautación y el fortalecimiento de las normas regulatorias para mitigar la problemática de los medicamentos ilegales. El Minsa reitera que garantizar el acceso seguro a medicamentos y proteger la salud colectiva es un compromiso prioritario para el Estado.
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