El Tribunal Constitucional (TC) rechazó este jueves un recurso presentado por Martín Vizcarra para que se le permita ejercer como congresista. Vizcarra había sido electo en 2021 con la mayor votación nacional, pero ahora no puede asumir el cargo de Parlamentario debido a una inhabilitación por 10 años impuesta por el Congreso.
El fallo del TC, que declaró infundada la demanda de amparo de Vizcarra y de Ángela Escobar Yáñez —quien denunció una vulneración a su derecho constitucional a elegir—, reafirmó la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Dicho organismo había decidido no otorgarle credenciales al exmandatario, argumentando que solo aplicó la medida previamente tomada por el Parlamento.
“Esta resolución legislativa resulta válida, en tanto su contenido no ha sido declarado nulo por autoridad jurisdiccional ni por el propio Congreso de la República”, remarcó el Tribunal Constitucional en su decisión.
Apelaciones y un panorama legal complicado
El fallo del TC no solo ratifica la medida del Congreso de 2021, sino que pone en evidencia los múltiples frentes legales que enfrenta Vizcarra. En septiembre pasado, el exmandatario había presentado un recurso de agravio constitucional solicitando una revisión de fondo sobre su inhabilitación, alegando que fue sancionado por vacunarse irregularmente contra la COVID-19 en 2020.
Vizcarra también anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revertir la sanción que considera injusta. Según afirmó, no tiene dudas de que las inhabilitaciones serán levantadas, lo que le permitiría postular en las elecciones generales de 2026.
Sin embargo, sus problemas legales no se limitan a este caso. En 2022, el Congreso le impuso otra inhabilitación por cinco años por presuntos vínculos con empresas privadas cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones. Esta medida también ha sido llevada por Vizcarra ante el TC, donde busca su anulación.
Paralelamente, enfrenta un juicio oral por dos casos de presunta corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014), por los cuales la Fiscalía ha solicitado 15 años de prisión. Además, el Congreso presentó una acusación penal por supuestas contrataciones irregulares durante su mandato presidencial, como el caso de un cantante contratado por el Ministerio de Cultura, con quien tendría una relación cercana.
La decisión del Tribunal Constitucional reafirmó los obstáculos legales y políticos que enfrenta Martín Vizcarra en su intento por regresar a la vida pública. Aunque el expresidente mantiene su postura y apuesta por recursos nacionales e internacionales, su situación jurídica y las múltiples acusaciones en su contra configuran un panorama adverso.
Ordenan devolver 67 bienes electrónicos
El Poder Judicial ordenó el pasado 12 de diciembre al Ministerio Público devolver 67 bienes electrónicos incautados al expresidente Martín Vizcarra tras los allanamientos realizados en sus domicilios de Lima y Moquegua el pasado 18 de marzo. Esta medida responde a la investigación preliminar que se le sigue por el caso ‘Los Intocables de la Corrupción’.
La resolución fue emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien declaró fundada en parte la solicitud presentada por la defensa de Vizcarra el 4 de octubre. En su fallo, el magistrado determinó que ya se cumplió con el objetivo de la incautación: permitir al Ministerio Público visualizar y extraer la información digital contenida en los dispositivos confiscados.
Entre los bienes a devolver se encuentran teléfonos móviles, laptops, CPU’s, memorias USB, discos externos y otros equipos electrónicos. Según la defensa del expresidente, estos dispositivos pertenecen a él y a su familia, y ya no existe motivo para que continúen bajo custodia de la Fiscalía.