La defensa del presentador de televisión Andrés Hurtado, quien enfrenta 18 meses de prisión preventiva por una trama de tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos, ha solicitado modificar la medida por arresto domiciliario o el uso de grillete electrónico con restricciones adicionales como el impedimento de salida del país, según un documento publicado este domingo por Perú21.
El abogado Elio Riera confirmó al diario que presentó la solicitud ante el juez supremo Juan Carlos Checkley la semana pasada. La audiencia para evaluar este pedido fue programada para el 20 de diciembre. El letrado se mostró optimista sobre la posibilidad de que la medida sea modificada, pues considera que no se han presentado nuevas pruebas que refuercen la acusación en contra de Hurtado.
Riera ha introducido nuevas estrategias legales, incluida la incorporación de un nuevo abogado en el equipo de defensa: Russell Robles, quien trabajará junto a él para buscar una solución alternativa a la prisión preventiva del presentador, acusado de haber actuado como mediador en una millonaria coima supuestamente entregada por el empresario Javier Miu Lei a la fiscal especializada en lavado de activos Elizabeth Peralta, también encarcelada.
El principal testimonio en contra de Hurtado proviene del confesor sincero Iván Siucho, quien asegura que Miu Lei le entregó US$500,000 en efectivo con el propósito de que este dinero llegara a manos de la magistrada. Según el testimonio, el dinero fue destinado con el fin de gestionar el levantamiento de una incautación de oro a su empresa. Sin embargo, hay discrepancias sobre el monto del soborno, ya que la médica Ana Siucho, hermana del confesor, sostiene que la cifra total fue de US$1 millón.
Por el momento, Hurtado no ha acogido la opción de la colaboración eficaz, pero sigue confiando en que un “milagro de Navidad” le permitirá salir de prisión. Su defensa también ha presentado un habeas corpus que, por la vía constitucional, busca declarar la nulidad de la medida cautelar que lo mantiene detenido desde el pasado 2 de octubre. Sin embargo, este recurso puede demorar seis meses en resolverse si llega al Tribunal Constitucional.
Anteriormente, Riera mencionó que, además de entregar información sobre la fiscal, su cliente proporcionó datos sobre la exjefa de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Roxana del Águila, y sobre María Vidal La Rosa Sánchez, presidenta de la suspendida Corte Superior de Justicia de Lima.
“En las declaraciones que ha hecho hasta el día de hoy, ha dicho la verdad: ‘Conozco a esta persona, he presentado a tal persona en tal lugar, en tal situación’. Que un funcionario público haga algo irregular con un tercero corresponde a su ámbito personal”, dijo.