La Sala Plena de la Corte Suprema eligió este jueves a la jueza suprema Janet Tello como presidenta del Poder Judicial para el periodo de enero de 2025 a diciembre de 2026. De esta manera, sucederá en el cargo a Javier Arévalo, quien asumió funciones en enero de 2023.
La magistrada, quien resultó ganadora frente a los candidatos Carlos Arias y Manuel Luján, preside la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia y dirige la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.
En su plan de gobierno, la jueza suprema ya había propuesto fortalecer la unidad y liderazgo institucional, optimizar la gestión jurisdiccional y administrativa a través de la tecnología, y asegurar el acceso igualitario a la justicia.
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Sus objetivos incluyen el uso de herramientas legales innovadoras, la implementación de políticas ecoambientales y el cumplimiento de compromisos internacionales en derechos humanos. Además, la promoción de la modernización digital con expedientes electrónicos y la articulación de esfuerzos con entidades públicas y privadas para garantizar “un servicio de justicia eficiente”.
Nacida en Arequipa, Tello es magíster en Derecho con mención en Política Jurisdiccional por la Universidad Católica y egresada de la maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales y del doctorado en Derecho y Ciencia Política de la Universidad San Marcos. También posee un diplomado en Estudios de Género por la PUCP.
Se ha desempeñado como consejera responsable de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) y ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial, como integrante del Consejo Ejecutivo, la Comisión de Justicia de Género y la Comisión de Acceso a la Justicia para Poblaciones Vulnerables.
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Ha sido reconocida con la Orden al Mérito de la Mujer 2018 por el Gobierno y el premio Líderes de Derechos Humanos “Rostros por la Igualdad” 2019 por Canadá. La Asociación Nacional de Juezas del Perú destacó su trayectoria con un reconocimiento por su labor “impecable y destacada”.
Durante su carrera como jueza de familia, enfrentó casos de violación sexual, feminicidios, homicidios y robos agravados. Recordó especialmente un caso, el de un niño abusado desde pequeño por su padre, quien intentó eludir su responsabilidad e incluso solicitó a la madre del menor que retirara la denuncia. “Esa intención no prosperó, y pude condenarlo mirándolo a los ojos. Sigue en la cárcel, y lo volvería a hacer; volvería a condenar a quienes condené. Nunca dudé, y cuando ocurrió lo contrario, los absolví, aunque eso fue muy pocas veces”, señaló.