El Gobierno de Perú declaró el martes en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario por 24 meses, reconociendo una crisis estructural que afecta a las 69 cárceles del país. Estas instalaciones tienen una capacidad para albergar a 41.556 personas, pero actualmente están ocupadas por 98.127 reclusos, lo que representa un hacinamiento del 136 %, una de las tasas más altas de la región.
Según un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, la medida busca implementar la Política Nacional Penitenciaria al 2030 con un enfoque en la resocialización de los presos. Sin embargo, solo el 50,2 % de las personas privadas de libertad se encuentra en cárceles con infraestructura y servicios adecuados, lo que agrava las condiciones de vida y dificulta los procesos de reinserción social.
Radiografía de la crisis penitenciaria
El hacinamiento no solo sobrepasa la capacidad de las instalaciones, sino que también pone en riesgo la seguridad, la salud y la dignidad de los internos. A esto se suma la falta de recursos humanos, logísticos y presupuestarios, lo que dificulta la atención médica, los programas de rehabilitación y la seguridad penitenciaria.
En el ámbito de la salud, el hacinamiento incrementa la propagación de enfermedades infecciosas, como tuberculosis y hepatitis, que afectan desproporcionadamente a los internos. Además, la falta de personal médico y medicamentos esenciales agrava las condiciones de quienes necesitan atención especializada, como los presos con enfermedades crónicas o mentales.
Un informe reciente del Tribunal Constitucional calificó el hacinamiento como un “estado de cosas inconstitucional,” exigiendo medidas urgentes al Estado peruano. A nivel regional, Perú se encuentra por encima de países como México, que reporta un hacinamiento del 130 %, o Brasil, con un 130,6 %.
Medidas del Gobierno
La declaratoria de emergencia, acordada el 5 de noviembre pasado durante una reunión del Consejo de Ministros, incluye la construcción de nuevas prisiones, la ampliación de penales existentes y la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Estas acciones buscan aliviar el déficit de infraestructura y mejorar la prestación de servicios básicos.
En términos presupuestarios, el gasto en infraestructura penitenciaria en Perú ha sido históricamente limitado. Según datos del Ministerio de Justicia, en 2023 se destinaron 425 millones de soles al sistema penitenciario, cifra que representa apenas el 0,15 % del presupuesto nacional. Esta inversión es insuficiente para abordar problemas estructurales de largo plazo.
El decreto también responde a una sentencia del Tribunal Constitucional que instó al Ministerio de Justicia a replantear las políticas penitenciarias, priorizando la dignidad de los internos y la seguridad ciudadana.
Comparación internacional
Según estudios realizados por organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y el Consejo de Europa, así como publicaciones de Amnistía Internacional y otros expertos en justicia penal, en países como Noruega, donde el sistema penitenciario prioriza la reinserción social, el hacinamiento es prácticamente inexistente gracias a políticas basadas en la educación y el empleo de los reclusos. Estas estrategias han demostrado una significativa reducción en la reincidencia delictiva.
Por otro lado, países de la región como Colombia han adoptado medidas alternativas al encarcelamiento, incluyendo penas comunitarias y programas de libertad condicional, que han permitido disminuir la sobrepoblación en un 15 % en los últimos cinco años. Este panorama es respaldado por informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En Perú, uno de los factores que agravan el hacinamiento es la alta proporción de internos en prisión preventiva, que supera el 30 % de la población carcelaria. Esto significa que miles de personas están detenidas sin una sentencia firme, lo que plantea interrogantes sobre el uso eficiente del sistema judicial y penitenciario.
Un problema histórico
El hacinamiento en las cárceles peruanas no es un fenómeno reciente. Durante décadas, el sistema penitenciario ha enfrentado desafíos relacionados con el crecimiento desmedido de la población reclusa, la falta de inversión en infraestructura y la carencia de estrategias sostenibles para la rehabilitación.
Con la declaratoria de emergencia, el Ejecutivo tiene un plazo de dos años para implementar cambios estructurales. Sin embargo, el impacto de estas medidas dependerá de su ejecución efectiva y del compromiso estatal por abordar de fondo esta problemática.