En un movimiento que ha generado controversia sobre la transparencia en el proceso de ascensos dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP), se han realizado cambios abruptos en el listado de generales promovidos al rango de Teniente General. De acuerdo con información de La República, el 15 de noviembre, durante un partido crucial entre Perú y Chile por las clasificatorias al mundial de fútbol, se publicó una edición extraordinaria en El Peruano que alteró la lista previamente anunciada el 8 de noviembre. Originalmente, los generales Luis Cacho Roncal y Luis Lazo Fernández ocupaban el tercer y quinto puesto en el cuadro de méritos, pero fueron reemplazados sin explicación por Iván Lizzetti Salazar y Luis Gamarra Chavarry, que se encontraban en las posiciones sexta y séptima.
El ajuste en el listado ha sido motivo de críticas debido a la falta de justificación oficial por parte del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior, Juan Santiváñez. Con base en comentarios de La República, “la remoción de los generales Cacho Roncal y Lazo Fernández se debió a su condición de oficiales que habían sido reincorporados a la institución policial mediante un mandato judicial”, lo cual sembró más dudas sobre la imparcialidad del proceso.
Además del cambio en los ascensos a Teniente General, El Peruano documentó que un total de 26 coroneles han sido promovidos al rango de general para 2025. Sin embargo, el proceso enfrenta críticas porque muchos de los ascensos provienen de áreas administrativas. Un caso notable es el del coronel Gustavo Pareja García, señalado por ocupar un cargo administrativo como jefe de Infraestructura en la Dirección de Administración de la PNP. Según mencionó La República, la Junta Selectora, presidida por el comandante general Víctor Zanabria Angulo, amplió el número de plazas “asegurando su ascenso a pesar de no haber calificado inicialmente para un cupo”.
Este hecho ha generado comparaciones con prácticas de favoritismo observadas en administraciones gubernamentales anteriores. “El proceso, que ha sido comparado con prácticas de favoritismo de gobiernos anteriores, no ha recibido objeciones de las máximas autoridades”, informa El Peruano. Tanto Boluarte como Santiváñez firmaron las resoluciones que confirmaban los ascensos, lo cual ha respondido con preocupación y escepticismo debido a la coincidencia de su publicación con el partido de fútbol, sugiriendo una estrategia para reducir la notoriedad del anuncio.
Entre las declaraciones obtenidas por La República, algunas fuentes dentro de la Policía Nacional expresan que oficiales operativos, encargados directores de enfrentar la crisis de inseguridad en las calles, se ven en desventaja frente a aquellos en posiciones administrativas que han sido promovidos gracias a leyes recientes del Congreso. “Esto ha sido señalado como una desventaja para los oficiales operativos que enfrentan directamente el problema de la inseguridad ciudadana en las calles”, se lee en el informe.
A raíz de estos acontecimientos, la atención se centra en la exigencia de una mayor transparencia por parte de las autoridades en el proceso de selección y ascensos dentro de las fuerzas policiales. La falta de explicaciones oficiales y las alteraciones en el listado original plantean interrogantes sobre la equidad de los procedimientos y el posible impacto en la moral dentro de la Policía Nacional del Perú.