En una nueva investigación presentada en Beto a Saber, el periodista Beto Ortiz compartió una investigación de lo que podría ser una red de corrupción que operaba en torno al otorgamiento de visas humanitarias para ciudadanos venezolanos en situación de riesgo.
Según Ortiz, entre los principales implicados se encontrarían el presentador de televisión, Andrés Hurtado, y la exSuperintendente de Migraciones, Roxana del Águila. El reportaje expone cómo, bajo el pretexto de una supuesta ayuda humanitaria, se habrían lucrado económicamente con las necesidades y esperanzas de familias venezolanas separadas y afectadas por la crisis política y social en su país de origen.
La polémica investigación reveló una serie de declaraciones y pruebas documentales que cuestionan las motivaciones detrás de las supuestas actividades humanitarias promovidas por Hurtado y sus colaboradores.
PUBLICIDAD
Sin embargo, el reportaje de Ortiz cuestiona la veracidad de estas afirmaciones, señalando que más que un acto altruista, podría tratarse de una maniobra de relaciones públicas y una fachada para ocultar una red de tráfico de visas humanitarias.
La ilegalidad en la gestión de visas humanitarias por personas no autorizadas
Para ello, el abogado penalista Andy Carrión comentó sobre las irregularidades en el otorgamiento de visas humanitarias, resaltando que este proceso debe ser gestionado exclusivamente por funcionarios públicos de Migraciones y no por personas naturales ajenas a la entidad.
Carrión explicó que “de ninguna manera” es una conducta permitida que un particular viaje a otro país para realizar trámites de visas humanitarias con el fin de traer a ciudadanos extranjeros, como en el caso de los niños venezolanos, a Perú.
PUBLICIDAD
Según Carrión, esta función es “exclusiva y excluyente” de los funcionarios vinculados directamente con la Superintendencia Nacional de Migraciones, y cualquier intento de un particular de intervenir en esta labor podría constituir una usurpación de funciones, lo cual es una infracción de carácter penal.
Detenido en Venezuela por presunta trata de menores
El reportaje también destacó un episodio ocurrido en 2017, cuando Andrés Hurtado prometió en su programa televisivo organizar el rescate de 250 niños venezolanos y trasladarlos a Perú. Este “rescate” fue ampliamente promovido en su programa, con imágenes y escenas emotivas que presentaban a Hurtado como un héroe dispuesto a arriesgarlo todo para ayudar a los más necesitados.
Sin embargo, durante su viaje a Venezuela, Hurtado fue detenido bajo sospechas de trata de menores, lo que encendió las alarmas y puso en duda la autenticidad de su proyecto. En uno de los fragmentos difundidos, ‘Chibolín’ recordó cómo se decía que iba a “pudrirse en la cárcel de Venezuela” por este acto, calificando la detención como una campaña de desprestigio en su contra.
PUBLICIDAD
¿Qué había detrás de esta presunta ayuda social?
La exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero señaló que las aparentes actividades de ayuda humanitaria que otorgan visas a ciudadanos venezolanos podrían tener intenciones ocultas, enfocadas en obtener beneficios económicos a través de donaciones internacionales.
Según Ampuero, algunas organizaciones no gubernamentales (ONGs) lograban obtener visas humanitarias para niños venezolanos, lo cual les permitía presentarse ante sus aportantes internacionales como entidades humanitarias efectivas, incrementando así el financiamiento económico desde el extranjero.
Sin embargo, Ampuero advirtió que “lo que no saben esos aportantes es que detrás existe toda una red de corrupción”, insinuando que estos fondos destinados a causas humanitarias podrían estar siendo desviados a actividades ilícitas en lugar de apoyar directamente a los migrantes.
PUBLICIDAD
“Y aquí lo que se ve es que la ONG tendría un acuerdo irregular, un acuerdo ilícito con Chibolín, porque se sabe que él es el que maneja las relaciones, es el que tiene las influencias, tiene los contactos con la administración pública”, mencionó. Al parecer, ‘Chibolín’ y Roxana del Águila habrían sabido que el dinero que ingresa a una ONG no es fiscalizado.