
A través de un comunicado, los directores designados por la Junta General de Accionistas (JGA) de Petroperú reveló la situación crítica por la que atraviesa la petrolera y solicitó al gobierno de la presidenta Dina Boluarte a aceptar su quiebra y/o liquidación con las obligaciones legales y financieras que podrían enfrentarse; si es que antes no decide continuar inyectando capital a la empresa.
Como se recuerda, el pasado 13 de mayo de 2024, la JGA emitió un escrito que revelaba la alarmante situación en la que se encuentra la empresa. A pesar de haberse publicado hace meses las recomendaciones para lograr ganancias de eficiencia y asegurar su autosostenibilidad, los directores señalaron que “aún no hay una respuesta concreta del gobierno”.
En esa línea, los ejecutivos de la Junta General han recalcado que es inmoral seguir solicitando más dinero al Estado sin comprometerse a realizar cambios profundos en la gestión de la empresa. Así, en el comunicado, se identificaron tres razones principales que explican el estado actual de Petroperú:

- Injerencia política y sindical: La empresa ha sido afectada históricamente por una fuerte interferencia política y sindical que ha contribuido a un manejo ineficiente y opaco, alejándose de las buenas prácticas de gobierno corporativo.
- Refinería de Talara: La construcción de la nueva Refinería de Talara (NRT) ha duplicado el presupuesto inicial y se enfrenta a un largo proceso de estabilización que podría impactar negativamente los estados financieros durante al menos dos años más.
- Sobreendeudamiento: El excesivo endeudamiento ha deteriorado gravemente los ratios de solvencia y liquidez de la empresa, comprometiendo su capacidad de operación.
“Desde el primer día en el que el directorio designado por la JGA asumió funciones, ha desempeñado el cargo con el mayor compromiso y responsabilidad con el objetivo principal de avanzar hacia la autosostenibilidad y el buen gobierno corporativo de la empresa. Durante este período, el directorio ha dotado de mayor transparencia a Petroperú, haciendo público sus estados financieros auditados, informando oportunamente la situación financiera a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y comunicándole al país sus avances”, señala el escrito.

Dadas estas condiciones, los directores señalaron que el gobierno, como accionista del 100% de Petroperú, tiene tres opciones críticas que valorar:
- Continuar inyectando capital sin cambios: Seguir dotando de fondos a la empresa sin exigir ni asegurar cambios organizacionales sustanciales, perpetuando el ciclo de ineficiencia.
- Aceptar la quiebra o liquidación: Considerar la disolución de la empresa, enfrentando las potenciales obligaciones legales y financieras resultantes.
- Reestructuración profunda: Optar por una reestructuración integral que goce de credibilidad, la cual requeriría una significativa inyección de capital por parte del gobierno. Este enfoque estaría condicionado a la implementación de acciones de eficiencia organizacional con el apoyo de una firma internacional de experiencia comprobada, buscando atraer capital privado para fortalecer la transformación de Petroperú.
Esta opción, señalaron, sin embargo, que implicaría riesgos institucionales que podrían interrumpir o revertir el plan, por lo cual debería ser respaldada por un sólido marco legal para garantizar su ejecución a futuro.
“Se han desarrollado acciones para ir ganando eficiencia, reduciendo el número de gerencias, impulsando la reducción de su elevada planilla y generando ahorros importantes. También ha profundizado las investigaciones de serios casos de corrupción de trabajadores, las cuales se darán a conocer una vez concluidas”, agrega el comunicado de la Junta General de Accionistas.
Además, los directivos de la JGA indicaron que “confían en que el gobierno tome pronto la mejor decisión, poniendo por delante el respeto que se merecen los peruanos que han venido financiando a Petroperú con sus impuestos, mientras han visto como se deja de lado la atención de una lista larga de prioridades sociales”.
Podrían vender activos a Proinversión
Petroperú atraviesa una crisis severa y sus directores han solicitado al gobierno de Dina Boluarte considerar su quiebra y/o liquidación. Esta solicitud surge después de que el presidente de la compañía, Oliver Stark, indicó en declaraciones a Canal N que el gobierno no ha adoptado medidas para abordar la situación en más de tres meses.
Los directores de la petrolera estatal han destacado que la potencial quiebra de Petroperú acarreará obligaciones legales y financieras significativas, a menos que se decida continuar inyectando capital en la empresa, la cual se encuentra en una situación financiera crítica. A ello se suma que un tercio del personal, equivalente a unos 600 trabajadores, está en proceso de desvinculación voluntaria, según información proporcionada por Stark.
Además, Stark notificó que se está llevando a cabo una reubicación de las oficinas de Petroperú a Talara y mencionó que la empresa ha mantenido conversaciones con Proinversión con el objetivo de vender activos.
En un intento inicial por establecer bases financieras más sólidas, el directorio de Petroperú propuso la privatización de la empresa. Sin embargo, esta idea fue descartada rápidamente por el gobierno.
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