El paro nacional de trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha provocado una situación preocupante en los 68 centros carcelarios del país, incluido el penal del Lurigancho.
La protesta, que ya cumple nueve días, ha desencadenado una serie de medidas restrictivas, pues familiares de los internos denunciaron que desde el inicio de la huelga no se han permitido visitas, ni la entrega de alimentos ni medicamentos, lo que ha originado una situación de angustia.
Una madre de familia dio detalles a Exitosa Noticias sobre los dramáticos momentos de incertidumbre que viven desde el inicio del paro. “Yo vengo desde Huánuco, no me dejan ingresar, tengo acá 15 días (...). Mi hijo está sin medias, sin ropa, no hay nada para que coma (...) Vengo de lejos, no voy a estar, no tengo casa acá”, expresó la mujer con lágrimas en los ojos.
De acuerdo con las declaraciones de una de las presentes, en el interior del centro penitenciario habría reclusos con diferentes enfermedades, que muchas veces se quedan sin medicamentos por el desabastecimiento. Además, expresó su preocupación por la posibilidad de contagios al no permitir el ingreso de medicina.
“Hay demasiada TBC adentro (...) si no tienen medicina infectan a otras personas que no se van a alimentar”, expresó para Exitosa.
En ese sentido, la familiar afectada indicó que se debe dar prioridad al ingreso de medicina y alimentos para los reclusos e hizo un pedido de solidaridad a las autoridades del centro penitenciario.
¿Qué exigen los trabajadores del INPE?
El Sindicato del Instituto Nacional Penitenciario del INPE (SINTPE-INPE) solicita la asignación de presupuesto para implementar la Ley 29709 para el personal CAS en el año 2025, así como un incremento en la remuneración integral mensual (RIM) para los trabajadores cubiertos por esta ley. Además, se solicita el cumplimiento del acuerdo extraproceso relativo al curso del CENECP para el personal de tratamiento y salud. También se pide una bonificación del 15% del RIM para el personal bajo la Ley 276, en reconocimiento al trabajo multifuncional y en condiciones adversas, y el pago de vacaciones truncas a los empleados de la Ley 29709 de acuerdo con su historial de vacaciones.
En ese sentido, un representante del INPE aclaró que los más 10 mil trabajadores de los 68 centro penitenciarios del país respaldan el paro indefinido hasta que no se logre llegar a un acuerdo con el gobierno central. Además, señaló que mientras la huelga dure, las restricciones en las cárceles continuará.

Analizan demanda del INPE
En respuesta al paro indefinido, la congresista Esmeralda Limachi Quispe (JP/VP), organizó una mesa de trabajo denominada “Situación laboral de los trabajadores de Instituto Nacional Penitenciario (INPE)”, en la que se evalúan las demandas de reajustar la remuneración mínima y asegurar un presupuesto adecuado para el seguro complementario del personal recién incorporado, reconociendo que su trabajo implica altos riesgos en todos los regímenes laborales.

“Es importante abordar también la demanda referida al presupuesto para el proceso de incorporación para el año 2025 de los CAS y 276, que son cerca de 4500 trabajadores. Tenemos el compromiso de abordar tres puntos importantes, no podemos tapar el sol con un dedo de lo que está sucediendo”, expresó la parlamentaria.
En la reunión estuvo presente Ángel Llancari Villavicencio, del SINTPE-INPE, quien sostuvo que desde su institución no encontraron soluciones a sus solicitudes. “Sabemos que nuestros pedidos son amplios pero nunca se ha dado un primer paso para atender nuestros reclamos”, sentenció.
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