Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), anunció que el Consejo de Ética procesará a los congresistas colegiados que apoyen el proyecto legislativo que propone la creación de una comisión de fiscalización a jueces y fiscales, presentado por Waldemar Cerrón.
En una entrevista con Exitosa, Canelo explicó que respaldar el proyecto se contempla como un “daño a la profesión”, desde la perspectiva deontológica del derecho. “Los congresistas, políticos y autoridades que sean abogados colegiados serán procesados por el Consejo de Ética por causar daño a la profesión del abogado”, manifestó Canelo.
Lamentó que la legislatura reciente del Congreso se realiza en función de intereses personales y advirtió que la implementación de la cuestionada iniciativa, además de considerarse un perjuicio para la profesión de abogado, podría forzar a los peruanos a emigrar debido a las condiciones negativas que generaría en el derecho a la libertad. “Cuando un poder copa la totalidad de poderes, es dictadura, y eso es lo que están procurando quienes apoyan este tipo de leyes”, agregó.
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¿Cuál es la crítica al proyecto de Waldemar Cerrón?
El objetivo del proyecto presentado por Waldemar Cerrón es crear una “Comisión de Fiscalización de la Función de jueces y fiscales”, a fin de “promover un marco institucional más riguroso para la supervisión y sanción de conductas corruptas, influenciando la confianza pública en el sistema judicial y en la integridad de los procesos legales”.
Sin embargo, esto atenta contra la división de poderes y plantea una duplicidad de funciones, ya que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ya posee la capacidad de evaluar el desempeño de jueces y fiscales en conjunto con la Academia de la Magistratura cada tres años y medio. Incluso, tiene la facultad de sancionar a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos, destituyéndolos si es necesario, “a partir de criterios de razonabilidad y proporcionalidad”.
Además, el proyecto presentado por Cerrón no establece una diferenciación clara entre fiscales supremos y otros de menor rango; ni considera que el Congreso también tiene la facultad de presentar acusaciones constitucionales contra el fiscal de la Nación y otros.
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Sumado a ello, genera principal suspicacia que se busque fiscalizar a jueces y fiscales habiendo sido sumamente crítico por las sentencias de prisión contra su hermano Vladimir Cerrón, quien también es líder de su partido político, y se encuentra en la clandestinidad desde el 6 de octubre de 2023.
Poder Judicial y Fiscalía también están en contra
Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, manifestó su firme oposición al proyecto de ley propuesto por Waldemar Cerrón. Mencionó que esta iniciativa no solo amenaza principios esenciales como la democracia y la Constitución, sino que busca controlar los organismos encargados de la administración de justicia.
“No nos someteremos a ninguna motivación totalitaria, venga de donde venga, y defenderemos la democracia e independencia judicial en todas las formas que nos permita el ordenamiento legal”, afirmó.
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Además, Arévalo hizo un llamado al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, para que revise este tipo de proyectos legislativos que, según él, solo contribuyen a generar conflictos innecesarios entre los distintos poderes del Estado y deterioran la imagen del país. Advirtió que esta medida muestra un “espíritu totalitario” que pretende erosionar la independencia de los órganos de justicia.
A través de un comunicado, la Fiscalía hizo lo propio y advirtieron que la iniciativa “desconoce las funciones disciplinarias y sancionadoras de la Junta Nacional de Justicia y la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público”.
“El Poder Legislativo de cada país no debe influenciar en las decisiones de este organismo constitucionalmente autónomo. Tal como también lo señala la ‘Declaración de Burdeos sobre jueces y fiscales en una sociedad democrática’”, agregaron.
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