El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha manifestado su rechazo a la propuesta legislativa impulsada por el congresista Waldemar Cerrón, con apoyo de otros miembros de Perú Libre, para establecer un control político sobre las resoluciones judiciales y fiscales, lo que va en contra de la independencia y autonomía de los órganos del sistema de justicia.
El proyecto de ley 8678/2024-CR busca modificar el Reglamento del Congreso de la República para crear la Comisión de Fiscalización de Jueces y Fiscales. Su autor es investigado junto a su hermano Vladimir Cerrón por los operadores de la justicia por delito de organización criminal.
Según el ministerio, esta iniciativa afecta el principio de separación de poderes, pues buscaría otorgarle mayores facultades al Congreso para investigar y sancionar a jueces y fiscales por presuntos delitos.
El Ministerio de Justicia (Minjus) ha calificado la iniciativa como “incompatible” con la Constitución Política del Perú. En un comunicado, afirmó que la creación de esta comisión violaría principios fundamentales del Estado de derecho y la separación de poderes, esenciales para el funcionamiento de una democracia.
El impulsor del proyecto sugiere que hay una necesidad de mayor fiscalización, basándose tan solo en una encuesta realizada por Datum en la que el 85 % de los peruanos manifestó su desconfianza en la Corte Suprema de Justicia y el 73 % en la Fiscalía de la Nación.
Esta función que buscan aprobar los congresistas de Perú Libre, principales promotores, ya es cumplida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el propio Congreso, que puede presentar acusaciones constitucionales, destacó el Minjus.
PL afectaría independencia del Poder Judicial y Ministerio Público
Según el ministerio, el proyecto comprometería la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, con el riesgo de interferencia en las actuaciones jurisdiccionales que deben permanecer libres de toda influencia indebida.
El ministerio también señala que la Contraloría General de la República, la Junta Nacional de Justicia y las respectivas autoridades nacionales de control ya están facultades por el marco constitucional para supervisar el trabajo de jueces y fiscales y sancionar las irregularidades mediante mecanismos administrativos, disciplinarios o judiciales.
A pesar de reconocer la preocupación legítima del Parlamento y de la ciudadanía por las deficiencias en el sistema judicial y las irregularidades cometidas por algunos magistrados, el ministerio subraya que la respuesta no puede ser crear una comisión congresal que supervise estas funciones. En su lugar, invoca a las autoridades de control competentes a atender estas preocupaciones ciudadanas y parlamentarias con celeridad.
PJ considera antidemocrático el proyecto
Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial del Perú, ha manifestado una enérgica oposición al Congreso respecto al proyecto de ley presentado por Waldemar Cerrón. Según Arévalo, atenta contra la democracia y la constitución del país, a la vez que denota un propósito totalitario de controlar los organismos de administración de justicia.
En su pronunciamiento oficial, Arévalo dejó clara su postura y adelantó que el Poder Judicial utilizará todos los mecanismos legales disponibles para impedir la implementación de dicha iniciativa. “No vamos a someternos a ninguna motivación totalitaria, venga de donde venga, y defenderemos la democracia e independencia judicial en todas las formas que nos permite el ordenamiento legal,” señaló enfáticamente.