Un suboficial de la Policía Nacional (PNP) fue arrestado este lunes en Chiclayo por integrar una banda criminal que perpetró un robo contra tres empresarios el mes pasado. El coronel Wilson Bernabé, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la provincia, confirmó que se trata de un agente en actividad que laboraba en la comisaría de José Leonardo Ortiz.
“Se ha logrado intervenir y detener a dos integrantes de una banda criminal que el día 1 de junio perpetraron un asalto a mano armada en agravio de tres trabajadores de una empresa dedicada a la venta de materiales de construcción en la urbanización La Purísima”, declaró a Exitosa.
La detención ocurre días después de conocerse que el suboficial de tercera Jhonatan Mirko Monteza León (37) se encuentra bajo investigación por una denuncia de abuso sexual, también en Chiclayo. Según la acusación, Monteza viajó con la víctima al balneario Pimentel y, durante el trayecto, consumieron una bebida.
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La sobreviviente relató que perdió el conocimiento tras consumirla. Dos días después, acudió a la dependencia policial para interponer la denuncia, pero el agente no fue detenido debido a que el proceso se realizó fuera del período de flagrancia delictiva.
Monteza, quien trabajaba en el módulo de seguridad de la comisaría César Llatas, registra otras denuncias similares, según un informe de Correo. Junto con otros efectivos implicados en faltas, infracciones y presuntos delitos, fue reasignado a otra dependencia por el Comando de la institución.
Arresto en Ica
En un caso paralelo, la semana pasada dos oficiales fueron detenidos en La Tinguiña (Ica), acusados de orquestar operativos falsos y extorsionar a los intervenidos. Los arrestados son el mayor Juan Pinto Loayza y el suboficial Enzo Ñaccha García. Un tercer agente, Sandro Canahuari, está prófugo.
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La intervención fue realizada por la Dirección Contra la Corrupción de la PNP, en coordinación con la División Regional de Inteligencia de Ica y la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios. Los implicados enfrentan el delito de cohecho pasivo, sancionado con penas de cinco a ocho años de prisión.
Entre 2018 y 2023, un total de 23,824 oficiales fueron pasados a retiro por faltas graves, con un promedio de 11 retiros diarios. En ese mismo período, 8,129 oficiales fueron suspendidos temporalmente por infracciones, con suspensiones de seis meses a dos años. La infracción más común, ‘MG 39′, implica faltar más de cinco días consecutivos sin justificación, lo cual derivó en el retiro definitivo de 6,784 oficiales (28,47% de los sancionados). Algunas opiniones tildaron estas sanciones como abusivas.