El abogado constitucionalista y defensa legal de la destituida exfiscal Patricia Benavides, Aníbal Quiroga, defenderá ante el Tribunal Constitucional al Congreso de la República en el proceso competencial contra el Poder Judicial por el caso de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
El procurador público del Congreso, Manuel Eduardo Peña Talavera, acreditó a Quiroga ante el TC para que informe oralmente en la audiencia del miércoles 10 de julio.
Esta es la segunda vez que Quiroga argumentará en un proceso competencial relacionado a la JNJ. El letrado defendió a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides en la demanda que inició contra el referido organismo constitucional autónomo, recurso con el que buscaba anular las investigaciones disciplinarias contra la exfuncionaria.
Cabe precisar que el constitucionalista ya ha ejercido la defensa del Parlamento en otros procesos en el Tribunal Constitucional.
Vínculos
Aníbal Quiroga está muy relacionado con el Congreso, según dio a conocer el periodista Carlos Viguria de Bunker. En abril de este año, fue designado decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad César Vallejo, cuyo dueño es el líder de Alianza para el Progreso César Acuña.
Alianza para el Progreso es la segunda bancada con mayor número de integrantes. Uno de ellos es Roberto Chiabra, suegro de Aníbal Quiroga, de acuerdo a la declaración jurada de intereses del parlamentario.
Finalmente, Quiroga es defensa legal del general EP (r) Juan Rivero Lazo, quien viene siendo procesado por homicidio calificado, como delito de lesa humanidad, en el Caso Pativilca. El cliente del abogado constitucionalista se beneficiaría con la ley que prescribe este tipo de ilícitos.
Apelan sentencia
En paralelo al proceso competencia, el Congreso de la República de Perú, por medio de su Procuraduría, apeló al fallo que ordenó la reposición de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La apelación fue presentada el miércoles 3 de julio, según se informó.
Ambos magistrados habían sido destituidos mediante votación mayoritaria en el Pleno del Congreso, que decidió inhabilitarlos por 10 años para ejercer funciones públicas por presunta infracción a la Constitución. La Procuraduría del Congreso sostiene que el Poder Judicial no tiene la autoridad para contradecir las competencias y facultades que la Constitución asigna al Legislativo para sancionar a ciertos funcionarios.
La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima había declarado fundada la demanda de amparo presentada por Tello y Vásquez, ordenando su inmediata reposición y señalando que el Congreso debía evitar violar los derechos fundamentales. Asimismo, el fallo agregó que los congresistas José Luna Gálvez y José Jerí Oré, como miembros de la Comisión Permanente, no debieron participar en la votación del 7 de marzo de 2024, lo que constituyó una violación al debido proceso y al artículo 100 de la Constitución.
El fallo judicial también declaró nulo el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso, relacionado con la denuncia constitucional contra Tello y Vásquez. En cumplimiento con el mandato judicial, la JNJ restituyó a los magistrados mediante la Resolución 1013-2024.
El abogado de Inés Tello sostuvo que su clienta permanecerá en el cargo al menos durante los cuatro meses que podría durar el trámite de apelación por parte del Congreso. Indicó que para cuando la Corte Suprema delibere, es posible que Tello y Vásquez hayan culminado su periodo, siendo reemplazados por nuevos magistrados en la JNJ.
Además, el abogado rechazó las críticas del tribuno Gustavo Gutiérrez Ticse sobre la inoportunidad del fallo judicial al reinstalar a Tello. Afirmó que “las sentencias no son oportunas o inoportunas, son válidas o nulas” y destacó que la decisión del tribunal tiene efecto inmediato.