La congresista Elizabeth Medina (Bloque Magisterial) y su esposo, Víctor Morales, son investigados a nivel fiscal por su presunta implicancia en una red criminal que habría solicitado sobornos a alcaldes para favorecer proyectos, según un informe difundido este domingo por Panorama.
De acuerdo con el dominical, un colaborador eficaz informó al Ministerio Público que en 2021, al inicio del gobierno del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), Morales se reunió con el entonces alcalde del distrito de Molino, Jean Sumarán Lino, para prometerle que la parlamentaria gestionaría el presupuesto para obras en la localidad, a cambio de un pago del 6% del costo.
En junio de 2022, el distrito de Molino recibiría una partida presupuestal de S/ 7 millones 287 mil mediante decreto supremo, destinada a un proyecto de construcción de pistas y veredas. No fue el único caso. En un audio difundido en el reportaje, el burgomaestre provincial de Leoncio Prado, Marx Fuentes, narró que también le solicitaron coimas.
“Ni bien había yo ganado las elecciones, un flaco alto, que tiene porte de haber sido policía [en referencia al esposo de la parlamentaria], ha venido y con el otro alcalde saliente, nos ha reunido y me ha dicho para que yo solucione el tema del mercado porque había plata depositada que ellos han gestionado. Me han pedido pues, tú que te estás quedando en la gestión tienes que darle S/ 100 mil. Y yo por qué le tengo que dar, yo no voy a dar nada, hermano, le digo”, se le escucha decir.
“Yo soy empresaria y profesora, aparte de congresista. Me puedo comprar muchas cosas más. [...] Se presume que ustedes persiguen sistemáticamente a mi persona debido a mi trabajo de fiscalización. No me voy a amilanar frente a infundios y mentiras que están sacando de mi persona”, añadió.
En marzo pasado, en un evento público en Huánuco, cientos de ciudadanos manifestaron su rechazo a la diputada, autora de la controvertida Ley 31973, conocida como la ‘Ley Antiforestal’.
Medina también es conocida por presentar un proyecto para reducir y estandarizar el costo de los exámenes de admisión a universidades públicas al 10% de la Remuneración Mínima Vital, es decir, aproximadamente S/102.50.