La minería es uno de los ejes centrales de la economía nacional del país. En ese contexto, el Perú es un país reconocido globalmente por sus vastas reservas de diversos metales, ubicándose como el segundo mayor productor mundial de cobre y plata. Asimismo, cuenta con un marco regulatorio que ha sido diseñado para fomentar la inversión minera, buscando garantizar al mismo tiempo la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Todo esto supone que la minería tenga un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo económico del Perú y que sea un destino muy atractivo para las inversiones mineras, nacionales y extranjeras.
No obstante, la minería en el Perú también se enfrenta a importantes retos, como la necesidad de mejorar la gestión medioambiental y social en un contexto en que la minería ilegal se encuentra en auge y supone una amenaza para el medio ambiente, los derechos humanos y la economía formal del país.
La minería ilegal se desarrolla a lo largo del territorio peruano, aunque con especial énfasis en las regiones de la selva. Como ejemplo de la dimensión de los impactos de la minería ilegal a nivel ambiental, tenemos que, de acuerdo con el Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP)1, desde inicios del año 2022 hasta agosto del año 2023, sólo la minería ilegal en la región de Madre de Dios generó perdidas económicas equivalentes a 593 millones de dólares. Estos impactos se generan principalmente por el uso no controlado de insumos químicos como el cianuro o el mercurio, que producen residuos tóxicos.
Adicionalmente, en cuanto a los impactos a nivel social, tenemos que, al ser la minería ilegal una actividad criminal que se desarrolla sin mayor control, esta genera un debilitamiento de las estructuras sociales, fomentando un clima propicio para otros delitos vinculados como el trabajo forzoso, la explotación infantil y la trata de personas.
El Estado peruano ha establecido medidas orientadas a frenar la minería ilegal como disponer la interdicción de esta actividad y crear un proceso de formalización minera. Bajo estas medidas, se busca perseguir legalmente, por ejemplo, a la actividad minera sobre zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas o reservas indígenas, por ser consideradas actividades de minería ilegal.
Sin embargo, estas medidas no han tenido el éxito esperado y no han podido detener la expansión de la minería ilegal. Esto, entre otras razones, por falta de coordinación y medios de las autoridades para lograr la interdicción de la minería ilegal; así como de algunas deficiencias estructurales del proceso de formalización que generan que el número de mineros formalizados sea muy bajo (de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas actualmente más 86,000 mineros se encuentran en este proceso y sólo 2,049 han logrado formalizarse).
Dado lo anterior, consideramos que es necesario, entre otras medidas, fortalecer las capacidades de las autoridades en lo referido a la interdicción de la minería ilegal, logrando que se ejecuten acciones coordinadas no sólo centrándose en identificar a las personas que realizan directamente la actividad, sino también a los grupos delictivos que la financian y forman parte de la cadena de producción (obtención de equipos, insumos y explosivos, distribución y tratamiento de los de minerales, así como su posterior venta).
Finalmente, consideramos que también es necesario repensar el proceso de formalización minera, estableciendo, por ejemplo, correctos incentivos para que los mineros informales se sienten atraídos a cumplir con el mismo; reglas claras de los requisitos aplicables y la oportunidad en que estos deben cumplirse; así como la ejecución de un verdadero y real filtro de quiénes van a poder formalizarse y quiénes no (debido a circunstancias como el lugar y condición de las actividades).
Todo esto es un reto que el país debe afrontar, a fin de frenar el avance de la minería ilegal que tanto daño nos está haciendo.