La abogada María Caruajulca llegó acompañada de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) a la sede de la Procuraduría General del Estado (PGE) luego de que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte no ejecutara la medida cautelar que ordena reponerla en el cargo.
En esa línea, la abogada aseveró que todos los mandatos judiciales “se deben cumplir, pero cuando es un mandato de un órgano constitucional, aún con mayor razón”. Advirtió que en caso de incumplimiento existen “penas más severas, inclusive destitución y detención provisional”.
Sin embargo, pese a la presencia policial, personal de la PGE no dejó ingresar a María Caruajulca a la institución, por lo que la letrada se retiró del lugar rumbo a la Comisaría de San Isidro para dejar sentado el incidente.
Previamente, Caruajulca dijo desconocer los motivos por los que el expresidente Pedro Castillo y el exministro Félix Chero la removieron del cargo en 2022. Además, negó haber guardado silencio en un interrogatorio al exmandatario por el caso Puente Tarata, sino que las preguntas fueron planteadas por las otras partes que participaron de la diligencia.
Gobierno en desacato
El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte no dio cumplimiento a la medida cautelar emitida por el Poder Judicial que ordena reponer inmediatamente a la abogada María Caruajulca como procuradora general del Estado.
Tal como adelantó Infobae, el Ejecutivo ha invocado una “controversia jurídica respecto a la ejecución de la decisión cautelar” para no acatar la orden de la Primera Sala en lo Constitucional de Lima. Ahora, la Presidencia del Consejo de Ministros ha requerido al referido colegiado que se considere el “principio de mínima injerencia”.
En tanto, en el cuaderno principal, el procurador general del Estado, Javier Pacheco, ha solicitado incorporarse al proceso de amparo como litisconsorte.
Ejecutivo dice que es respetuoso de decisiones judiciales
A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia confirmó que no se ha ejecutado la medida cautelar que repone a María Caruajulca como procuradora general del Estado “en atención a que éste se encuentra ocupado actualmente por el señor Javier Alonso Pacheco Palacios, designado con las formalidades de ley el 3 de mayo del presente año mediante resolución suprema 068-2024-JUS”.
Finalmente, el pronunciamiento afirma que “el Estado es respetuoso de las decisiones judiciales emitidas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial en el ejercicio regular de sus funciones y competencias”.