El abogado del expresidente Pedro Castillo, Walter Sifuentes, perdió los papeles en la audiencia de control de acusación de este martes 21 de mayo y acusó al juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, de haber incurrido en supuesto prevaricato.
Sifuentes tuvo una acalorada intervención luego de que el juez Checkley rechazara un recurso formulado para anular la disposición fiscal que abrió investigación preliminar a Castillo Terrones por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El abogado Walter Sifuentes también indicó que presentó una segunda recusación contra Checkley por presuntamente emitir fallos favorables a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
El magistrado Juan Carlos Checkley señaló que ya resolvió las dos recusaciones rechazándolas. Aprovechó para reiterar que no conoce a Benavides Vargas “a excepción cuando lo vea acá en la audiencia”.
Luego, el abogado Sifuentes dejó constancia de las “irregularidades y de la parcialización”, así como el hecho de que el juez supremo no se inhibió cuando supuestamente se encontraba en una causal para hacerlo.
Piden intervención del Colegio de Abogados
Las palabras altisonantes del abogado Walter Sifuentes fueron cuestionadas por la fiscal suprema adjunta provisional Galinka Meza, quien le pidió al juez Juan Carlos Checkley notificar al Colegio de Abogados del letrado para que inicie una investigación.
Las recusaciones, así como las múltiples tutelas de derechos, han sido rechazadas por el juez Checkley. La defensa de Castillo ha apelado, por lo que los recursos han sido elevados a la Sala Penal Permanente, que ha ido confirmando lo resuelto en primera instancia.
Programan audiencia
Luego del incidente, el juez supremo Juan Carlos Checkley suspendió la audiencia y anunció que se reanudará el jueves 23 a las 9:00 de la mañana. En dicha sesión, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos sustentará la acusación contra Pedro Castillo por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, ilícitos por los que se pide una pena de 34 años de pena privativa de la libertad.
Contra la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez y los exministros Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y Willy Huerta (Interior), la Fiscalía requiere una pena de 25 años de prisión. Se solicita misma condena para los oficiales PNP Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez. Respecto al expremier Aníbal Torres, el Ministerio Público ha solicitado una pena de 15 años de prisión debido a su avanzada edad.
Al inicio del control de acusación, el juez supremo Juan Carlos Checkley estimó que a finales de junio se determinará si el caso por el Golpe de Estado pasa a la etapa de juicio oral.