La presidenta Dina Boluarte realizó una visita encubierta al edificio donde funciona la oficina de su abogado Mateo Castañeda, quien ya se encontraba bajo detención preliminar, mientras policías y fiscales ejecutaban la extensión del allanamiento, según fuentes oficiales citadas este domingo por Latina y Cuarto Poder.
El arribo de la mandataria, que tuvo lugar el último sábado a las 9:15 horas, pasó tan desapercibido que incluso los vecinos no se percataron de su presencia, pese a que estaba acompañada de su seguridad. Para su traslado, Boluarte usó el mismo vehículo que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) empleaba para desplazarse a la casa de Sarratea, en Breña, lugar de múltiples encuentros no registrados oficialmente y donde, de acuerdo con la Fiscalía, se planearon actos ilícitos.
El registro estaba inicialmente programado para la oficina 702 del edificio miraflorino, ubicación regular del despacho de Castañeda. No obstante, al observar que el letrado utilizaba también la oficina 703, fue solicitada una ampliación de la medida judicial.
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“Siendo que a horas 9:15 aproximadamente, tocaron el timbre del inmueble en proceso de allanamiento. Al abrir la puerta, el capitán PNP Mogrovejo Ramos Renán se vio sorprendido al observar a la presidenta de la República, la misma que al notar la presencia policial se dirigió al ascensor”, se lee en el auto de extensión de registro.
“En esas mismas circunstancias, salió raudamente la abogada que participa como testigo trabajadora del estudio jurídico [...] allanado para luego subir al ascensor y retirarse con la presidenta [quien] estaba vestida con una chompa tipo lana de alpaca color hueso”, sigue el texto.
“En cuanto a quién asumirá su defensa en la reciente investigación, dado que recibió la notificación del Ministerio Público el último viernes por la noche, aún está por verse quién ejercerá su patrocinio legal”, dijo Pajuelo en una comunicación enviada a Latina.
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La agenda de la gobernante es pública y todo traslado presidencial debe ser coordinado con los agentes de Inteligencia, quienes disponen de un plan específico para proteger a la primera funcionaria del país, enfatizó Cuarto Poder. Aunque Boluarte no siguió ninguna de estas disposiciones, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, opinó que “es normal que cualquier persona asista a la oficina del abogado”. Mientras tanto, en el Congreso, el debate sobre una posible vacancia presidencial cobra impulso.
El Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) señala a Castañeda como el brazo legal de la supuesta red de tráfico de influencias encabezada por Nicanor Boluarte, hermano de la gobernante, también detenido. Según la investigación, el letrado habría propuesto beneficios ilícitos a los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano a cambio de que concluyan las indagaciones contra el pariente presidencial.
“Lo importante es que el Gobierno tiene establecidos los grandes objetivos nacionales”, sostuvo mientras, casi en simultáneo, el Ministerio Público anunciaba el inicio de diligencias contra la presidenta por supuesto encubrimiento al desactivar el grupo policial que apoya a los fiscales anticorrupción antes de la aprehensión de su hermano.
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