La comunidad kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu enfrenta una grave situación de desprotección a más de cinco meses después del asesinato de su líder, Quinto Inuma. Aunque diversas instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatorías de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han expresado preocupación, el Gobierno aún no brinda la seguridad requerida por los familiares y deudos de Inuma, quienes han tenido que refugiarse en Tarapoto, en San Martín.
De acuerdo al Instituto de Defensa Legal (IDL), quienes vienen acompañando a la comunidad indígena en su búsqueda de justicia, el Ministerio del Interior no ha establecido la presencia policial necesaria en la región amazónica, alegando déficit de personal y logística como las principales barreras.
Proceso de titulación de la comunidad estancado
En esa misma línea, el proceso de titulación colectiva de la tierra, crucial para la protección de la comunidad kichwa, permanece estancado. Pues, las negociaciones y acuerdos previos no han culminado en acciones concretas que aseguren el derecho de Santa Rosillo de Yanayacu sobre su territorio.
Además, este retraso se agrava con la presencia de nuevos invasores y la expedición de permisos de aprovechamiento forestal que complican aún más la situación de inseguridad jurídica.
En tanto, la situación de 12 miembros de la comunidad que se vieron obligados a refugiarse en Tarapoto es crítica, con niños perdiendo educación y las familias enfrentando condiciones de vida precarias en Tarapoto, de acuerdo a IDL.
Mininter no cumplió con trasladar a familias de vuelta a su territorio
Bajo este contexto, recientemente, Manuel Inuma, actual apu de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, denunció que el compromiso asumido por el Mininter para llevarlo a él y su familia de regreso a su territorio no se cumple. Pues, a pesar de las promesas, hasta el viernes 10 de mayo, no se ha efectuado el traslado. No obstante, las autoridades han informado que posiblemente este se llevaría a cabo el 14 de mayo o en los próximos días.
ONU y CIDH se pronuncian a favor de comunidad amenazada
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de la ONU han exhortado al Gobierno a garantizar la seguridad de la comunidad indígena kichwa, tras el asesinato de Quinto Inuma.
Ambos organismos internacionales han denunciado la posible violación de derechos humanos por parte del Estado debido a su inacción frente a la amenaza constante de la tala ilegal en la zona.
En ese marco, la ONU reveló, hace poco, que solicitó información al Ejecutivo acerca de las medidas adoptadas para la protección de la comunidad a comienzos de año, pero no obtuvieron una respuesta inmediata.
Por otro lado, el CIDH ha otorgado medidas cautelares para las familias afectadas, a fin de ampararlas del peligro que representa el avance de las economías ilegales, especialmente la tala, en su territorio.