La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó un dictamen que busca exonerar a aquellos investigados y procesados por sus crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1980 y 2000. Dicha propuesta legislativa, concebida como una nueva “ley de amnistía”, obtuvo 14 votos a favor, 8 en contra y una abstención en la sesión del 12 de marzo del grupo de trabajo.
Ante ello, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep) ha expresado su profundo rechazo, pues el controversial predictamen genera impunidad para miembros de la policía, militares y funcionarios que se enfrentan a cargos por asesinatos ejecutados durante el último periodo dictatorial liderado por Alberto Fujimori.
Anfasep ha declarado su firme condena hacia la iniciativa legislativa que impediría el procesamiento de individuos por actos cometidos antes del 1° de julio del 2002 relacionados con crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra.
Para la asociación, esto crea un vacío de justicia para las víctimas de atrocidades cometidas en el pasado. Anfasep argumenta que esta ley va en contra de los principios elementales de justicia, puesto que limitaría severamente la capacidad de llevar a los perpetradores a ser procesados judicialmente, y por ello la rechazan firmemente.
La organización resalta la importancia de mantener la puerta abierta, es decir, respetar la no prescripción de estos crímenes. Resaltan también enfatizando el impacto negativo que esta ley tendría en las víctimas y sus familias.
Asimismo, hacen un llamado a las autoridades competentes para revocar tales medidas y asegurar investigaciones exhaustivas en todos los casos de crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos. A través de este movimiento, Anfasep se posiciona firmemente en la búsqueda de una sociedad donde la justicia no tenga límites temporales y donde los responsables de atrocidades enfrenten las consecuencias de sus acciones.
Anfasep y su búsqueda por justicia ante crímenes de lesa humanidad
En Ayacucho, durante los años ochenta, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep) fue establecida el 2 de septiembre de 1983, como respuesta directa a los horrores generados por la violencia política, por parte de Sendero Luminoso y miembros de las fuerzas del orden
Los principales objetivos de esta organización incluyen la búsqueda de justicia y la localización de familiares desaparecidos, víctimas de tales actos violentos, siendo un estandarte en la defensa de los derechos humanos. Angelica Mendoza de Ascarza, reconocida como “Mamá Angélica”, figura como símbolo preponderante en el movimiento, con una notable participación en la promoción y protección de los derechos humanos dentro de la entidad.
La fundación de ANFASEP bajo tales circunstancias hostiles marca un hito importante en la lucha por el reconocimiento y la justicia para las familias afectadas. A través de iniciativas como el museo y otras actividades, esta organización ha jugado un papel fundamental en educar a las futuras generaciones sobre los impactos devastadores de la violencia política y la importancia de preservar los derechos humanos por encima de todo.