La comunidad LGTBI reivindicó este miércoles la defensa de sus derechos con un ‘besatón’ y bodas simbólicas en el Parque del Amor de Miraflores, cuya gestión municipal, presidida por Carlos Canales, vetó la realización de este último evento realizado desde hace más de dos décadas en el distrito.
“Son más de 200 años de independencia que hemos celebrado con gran pompa, pero hay ciudadanos en el país que tienen menos derechos que otros”, dijo a Infobae Perú el portavoz de la Red Peruana TLGB, Marlon Castillo. Perú, un país rezagado en políticas para la comunidad LGTBI, no cuenta con una Ley de identidad de género, ni contra crímenes de odio, ni sobre cupo laboral trans, ni matrimonio igualitario.
‘El Amor No Discrimina’, que se realiza cada 14 de febrero, pone énfasis en ese vacío de políticas con la instalación de un mini estrado que permite a cada pareja subir y registrar su unión como si fuera una boda real. La Red TLGB solicitó el permiso el 5 de enero pasado, pero seis días después el municipio envió la primera negativa con la justificación de que el espacio sería ocupado para actividades institucionales.
El 16 de enero, el colectivo insistió con una segunda carta en la que requería nuevas fechas para la actividad y proponía que el acto fuera entre el 10 y 13 de febrero. La respuesta tardó hasta el 7 de febrero, cuando la municipalidad replicó que podría realizarse el 12 de febrero, previo pago de 3.500 soles, un monto que, según la acusación, nunca antes había sido solicitado.
La gestión ponía como requisito, además, que la red obtuviera la evaluación de condiciones de seguridad siete días antes del evento, “una denegatoria indirecta” al ser “imposible de cumplir”.
Entonces, la correspondencia se rompió. La comuna miraflorina remitió un comunicado a este medio alegando que no procedió con la emisión de la autorización porque esa última misiva “no fue respondida, pagada, comunicada y no existió comunicación de parte de la administrada en relación con la notificación”.
“El matrimonio igualitario no es solamente un contrato civil para adquirir bienes, sino el reconocimiento de amor como tal de dos personas que se aman y quieren formar una familia, el núcleo fundamental de cualquier sociedad”, señaló el activista a resaltar la importancia del evento.
El Ministerio Público ya ha abierto una investigación por discriminación contra Canales, integrante del partido ultraconservador Renovación Popular y enfrentado a un pedido de revocatoria. El caso está a cargo de la fiscal María Rabines, de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Lima, quien dispuso un plazo de cinco días hábiles para notificar al burgomaestre y a la subgerente de comercialización, María Del Rosario Odar, también implicada en la denuncia.
“El día de hoy no se nos ha dejado poner el estrado, pero el lugar donde siempre se ha puesto ha estado vacío, significa que no ha habido ninguna otra actividad [oficial]. Lo que nos han dicho es falso. La respuesta ha sido malintencionada, ha habido un tufo homofóbico. Y no queremos que la homofobia, transfobia o bifobia se institucionalice porque volvemos a los 90, cuando debíamos luchar por un espacio”, siguió Castillo.
La legisladora Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), abiertamente lesbiana, acompañó los actos de protesta junto a representantes del colectivo Marcha del Orgullo y otras organizaciones. El distrito pionero para la diversidad —alberga el club LGBTQ más importante del país y cuenta con una ordenanza que prohíbe cualquier forma de discriminación (N.° 437-2015/MM)— ha devenido en una jurisdicción hostil, pero no ha logrado intimidar al arcoíris.
