Los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena enviaron un oficio a la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, exigiendo su renuncia al cargo de fiscal de la Nación ante las graves acusaciones de ser la presunta líder de una organización criminal encargada de direccionar importantes votaciones al interior del Congreso de la República.
En el documento, los magistrados fundamentan su solicitud en virtud de la resolución judicial N° 01, dictada por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que declara fundado el requerimiento fiscal del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, en la denuncia contra el exasesor de la Fiscalia de la Nación, Jaime Villanueva Barreto, que “la involucran a usted en la realización de hechos graves sometidos a investigación penal, que no se condicen con un desempeño debido de su cargo como máximo representante del Ministerio Público”.
“Le exigimos que renuncie al cargo de Fiscal de la Nación, a fin de no afectar la investigación que realiza nuestra institución”, mencionaron.
José Domingo Pérez y Germán Juárez, fiscales integrantes del equipo especial del caso Lava Jato, también pidieron la renuncia o remoción como fiscal de la Nación.
“No puede haber una persona liderando una institución que es tutelar de la sociedad. La crisis de representatividad que se está viendo es producto de la jefatura de la fiscal de la Nación. Está visto que es insoportable en el cargo la señora fiscal de la Nación”, sostuvo Domingo Pérez en diálogo con los medios de comunicación.
Agregó que su permanencia genera “que las investigaciones puedan ser enturbiadas y no puedan llegar a las conclusiones adecuadas. Lamentablemente, esto no es lo que se merece la institución”.
Mientras que, en entrevista con El Comercio, Juárez mencionó que la titular de la Fiscalía debería “renunciar para efecto de que dé las explicaciones claras de cómo se ha venido manejando la institución”.
Descarta renunciar a la Fiscalía
Pese a la gravedad de los hechos, a través de un pronunciamiento, la titular del Ministerio Público descartó su dimisión y, en contrapeso, anunció la presentación de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola.
“No permitiré que esa presión e injerencia externa haga caer el trabajo de tantos fiscales comprometidos con esclarecer los hechos y encontrar a los verdaderos responsables”, sostuvo.
“No se debe permitir la muerte de ningún peruano y el abuso de poder. No se puede permitir que se trate de dañar la imagen de fiscales honestos, por eso siempre hemos procedido conforme a la Constitución y la ley”, agregó.
En el documento, al que accedió Infobae Perú, la fiscal de la Nación concluye que la mandataria es autora de homicidio calificado en agravio de Christopher Michael Ramos, José Luis Aguilar, Rosalino Flores Valverde, Sonia Aguilar Quispe y Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca, y de lesiones graves contra Renato Murillo Reyes.
De acuerdo al texto presentado ante el Congreso de la República, el General Víctor Zanabria, exjefe policial de Lima, señaló que la presidenta nunca dio directivas para asegurar la vida e integridad de los ciudadanos que protestaban.
Mientras que al premier se le acusa, en su condición de ministro de Defensa, de ser autor del presunto delito de homicidio calificado en agravio de Christopher Ramos Aime y José Luis Aguilar Yucra.
En el caso de los exministros del Interior, César Cervantes es señalado como autor del delito de lesiones graves en agravio de Renato Murillo Reyes; Víctor Rojas como autor de homicidio calificado en agravio de Rosalino Florez Valverde y Vicente Romero, recientemente censurado, de ser autor del delito de homicidio calificado contra Sonia Aguilar y Víctor Raúl Santisteban.