Ante la suspensión por ocho meses y medio que la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público dictó contra el fiscal supremo Rafael Vela, este último afirmó, en el programa Octavo Mandamiento, que esta es una sanción arbitraria, abusiva e injusta, en la cual la fiscal de la Nación, Patricia Benavides sería cómplice, al haberlo desprotegido de la decisión.
El coordinador de las fiscalías especializadas en lavado de activos y del equipo Lava Jato, habría sido suspendido bajo el argumento de haber dado declaraciones respecto al caso de Keiko Fujimori. En 2020, el fiscal criticó decisiones judiciales que se tomaron sobre la excarcelación de la lideresa de Fuerza Popular. “Me están sancionando de manera irregular”, añade Vela. Pues se estaría pretendiendo retirarlo de los casos en que mayor conocimiento tiene, afectando las investigaciones y autonomía de los fiscales.
Para el fiscal supremo, todo resulta sospechoso, en contexto en el que “hay un atentado con la autonomía de los operadores de justicia (Junta Nacional de Justicia). Un proceso plagado de irregularidades”. “Son múltiples las posibilidades de quienes quieren socavar los procesos que llevo”, indicó.
Cabe recordar, que dentro de las funciones como coordinador, el fiscal Vela tiene en sus manos los casos por lavado de activos de la presidenta Dina Boluarte, Vladimir Cerrón, Rafael López Aliaga, Erasmo Wong, Joaquín Ramírez e incluso las investigaciones de Alas Peruanas y el Sodalicio de Vida Cristiana.
En cuantos a los casos del equipo Lava Jato, “están ya a puertas de la acusación contra Keiko Fujimori, por quien me están sancionando de manera irregular. También están el juicio oral del caso de Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Martín Vizcarra, Susana Villarán y Félix Moreno”. Todos ellos, investigaciones de alta envergadura y transversalidad política, señala.
La Autoridad Nacional de Control y Patricia Benavides
“El instrumento para llegar a esta sanción (la suspensión) es la Autoridad de Control y la Fiscalía de la Nación”, explica Vela ante la pregunta de quién y/o quiénes serían los responsables de “haber pedido su cabeza” en términos coloquiales.
El fiscal supremo relata que el correo a través del cual se le notificó sobre su suspensión fue enviado al mismo tiempo en el que la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, brindaba un discurso totalmente “desaforado” y “fuera de control” contra Rafael Vela.
Benavides habría incluso adelantado el horario de su discurso. Luego entregó una especie de acta de sujeción fujimorista “para establecer apoyo a la fiscal de la Nación ante cualquier ataque mediático. Algunos fiscales supremos no firmaron”, enfatiza Vela, quien le pidió respaldo a Benavides. Pese a que la fiscal le dijo que contaba con ella, y que “salga a defenderse”, la respuesta verdadera fue el silencio. Para Vela, el silencio ante el abuso la hace cómplice. Además, por desprotegerlo como subordinado, por tener un cargo de confianza.
Vacío de poder en la fiscalía de lavado de activos
“Necesariamente, la fiscal tendrá que nombrar a un reemplazo en la coordinación. Quien asuma ese liderazgo, pues tendrá que demostrar de que efectivamente se trata de alguien que va a respetar el trabajo y los derechos individuales de los fiscales”, declara Rafael Vela.
Mientras el fiscal supremo estaba con licencia médica, se colocó en su lugar a una fiscal cercana a Patricia Benavides. Pero, “yo les he solicitado a los fiscales a cargo de los casos de lavado de activos que se mantengan firmes”.
Vela resalta que, actualmente, en la institución se gobierna con un mensaje de terror, jerarquización, de control, no de respeto por la autonomía y respeto. Pues los fiscales con casos de gran relevancia política tienen investigaciones de control interno. Por ejemplo, Richard Rojas, con el caso de Dina Boluarte, Wilson Salazar, con Alas Peruanas y Jose Domingo Pérez, con los juicios orales de Keiko Fujimori y el Metro de Lima.
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